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Diputados aprueban en lo general prohibición del outsourcing

El voto en la fracción tricolor, que integra a distintos dirigentes sindicales, se dividió.

Angélica Melín Martes 13 De Abril, 2021 · 22:01 pm
Diputados aprueban en lo general prohibición del outsourcing
Cámara de Diputados / Cuartoscuro.com
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La Cámara de Diputados reunida en Pleno, aprobó en lo general, las reformas a la Ley Federal del Trabajo y otros ordenamientos, que prohíben el outsourcing, reglamentan la contratación de empresas prestadoras de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas y ponen tope al pago de utilidades al trabajador.

La mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aliados, e incluso las bancadas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC), algunos congresistas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), emitieron 348 votos a favor.

El voto en la fracción tricolor, que integra a distintos dirigentes sindicales, se dividió.

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Mientras el diputado Isaías González, dirigente en el área de obreros y campesinos, se pronunció totalmente a favor; su compañero de bancada, Carlos Pavón, dirigente en el rubro minero, advirtió que la reforma será inconstitucional, en particular en lo referente al pago de utilidades.

Hubo 77 votos en contra, en su mayoría del Partido Acción Nacional (PAN); y 32 abstenciones, entre otras, del diputado morenista Porfirio Muñoz Ledo, quien cuestionó “que carambas” hace el reparto de utilidades, involucrado con el tema de la subcontratación.

En el Pleno, los legisladores confirmaron el cambio hecho al dictamen en comisiones, para establecer que el outsourcing también estará prohibido en la administración pública federal, aunque sí estará permitida la contratación de servicios especializados.

Después de aprobar la norma en lo general, inició la discusión particular, de 38 reservas.

Al fundamentar el documento al que se dispensaron trámites para agilizar su aprobación en el Pleno, el presidente de la Comisión de Trabajo, Manuel Baldenebro, destacó que la norma precisa en qué condiciones y bajo qué requisitos se permitirá la subcontratación.

Enfatizó que se obligará a las empresas que presten esos servicios a registrarse en un padrón oficial creado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); aunado a que habrá sanciones para los patrones que se nieguen a la inspección o incumplan con sus obligaciones fiscales y de seguridad social.

Con ello, apuntó, se erradicarán prácticas en el entorno laboral, que afectaban los derechos de los trabajadores.

“Se señala de manera clara y precisa que solo podrá existir subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obra especializada o servicios complementarios, siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de estas empresas. Se establecen formalidades y requisitos que cualesquiera persona física y moral deberá cumplir para poder contratar la prestación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas”, apuntó el legislador.

“La formalización de un contrato en el que se señale el objeto de los servicios a proporcionar o las obras a ejecutar, el número aproximado de trabajadores que participarán para dar cumplimiento al mismo y la observancia de disposiciones aplicables en materia de condiciones de trabajo, seguridad, salud”, abundó Baldenebro Arredondo.

Refrendó que los cambios establecerán reglas para el tope al pago de utilidades a los trabajadores, que serán equivalentes a tres meses o 90 días de sueldo, o bien, el equivalente al promedio del pago otorgado al trabajador durante los últimos tres años en su puesto.

La reforma endurece las sanciones para los patrones que se nieguen a la inspección; los que no cumplan con las obligaciones de seguridad social y fiscales; y los que insistan en contratar trabajadores a empresas de outsourcing que no estén debidamente regularizadas ni registradas ante la Secretaría del Trabajo, todo ello, con el fin de erradicar las prácticas que precarizan el trabajo.

Al iniciar el debate en el Salón de Sesiones, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Antonio Ortega, calificó como regresivo el proyecto, punitivo, recaudador y con tintes de terrorismo fiscal, por lo que su propósito no será lograr justicia laboral.

“Al parecer la iniciativa no tiene como propósito la justicia laboral, sino aumentar la recaudación para rescatar las alicaídas finanzas públicas. Tiene la misma visión de terrorismo fiscal con que se ha diseñado la política tributaria de la presente administración, no hay incentivos, solo secuelas sancionatorias en los ámbitos laboral, fiscal, penal. Su propósito es aterrorizar a los empresarios con las sanciones y con la amenaza de la equiparación de la defraudación fiscal con delincuencia organizada”, apuntó el diputado Ortega Martínez.

Por la bancada del Partido del Trabajo (PT), la diputada Margarita García y el vicecoordinador Gerardo Fernández, lamentaron que no se esté discutiendo la propuesta de su fracción, de eliminar el definitiva el outsourcing, sin embargo, refrendaron que apoyarán la propuesta del Presidente, aunque será insuficiente.

En la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se mantuvieron las posiciones encontradas entre líderes sindicales y otros integrantes de ese grupo parlamentario.

El diputado Pedro Pablo Treviño, que calificó los cambios como un avance, recalcó que implicarán retos como evitar que la norma se utilice de pretexto para despidos masivos de personal.

El diputado Isaías González, líder en el rubro de los obreros y campesinos, también se pronunció a favor, mientras su compañero de bancada y dirigente en el sector minero, Carlos Pavón, rechazó los cambios, por precarizar a unos trabajadores, sin que ello signifique que el resto tendrán mejores condiciones laborales.

“Pero tampoco se puede jugar al Robin Hood, quitándole a los que si reciben utilidades, para dales a otros. Además, las empresas son diferentes, esta iniciativa tiene una finalidad meramente recaudatoria. Y la recaudación, lógico, va a ser más, al Infonavit va a ser más, al Seguro Social que no cumple con la seguridad social de los trabajadores, también va a ser más; el porcentaje de de PTU o utilidades, que se está designando, tiene tintes de inconstitucionalidad”, alertó Pavón Campos.

Los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) se pronunciaron abiertamente en contra de la reforma que provocará el despido masivo de trabajadores bajo la modalidad de subcontratación, estimaron que se trata de más de cuatro millones de personas.

El diputado Carlos Valenzuela, así como sus compañeras Silvia Garza y María Cristina Castillo, calificaron el proyecto como apresurado, sin el consenso necesario y dañina para el sector empresarial.

En defensa de la reforma, la diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Anita Sánchez recordó a los panistas que el sector empresarial acordó los modificaciones con el Ejecutivo Federal, y lo que no tuvo tope ni límite en gobiernos anteriores, reclamó, fue la subcontratación ilegal de personal, sin prestaciones y con salarios menores a los reportados ante la autoridad de seguridad social.