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Diputados aprueban en lo general la llamada ‘Ley Zaldívar’

Reaparece Muñoz Ledo en San Lázaro, para pronunciarse contra la reforma a la que calificó como “reelección disfrazada”.

Angélica Melín Viernes 23 De Abril, 2021 · 06:44 am
Diputados aprueban en lo general la llamada ‘Ley Zaldívar’
TEPJF avala acuerdo del INE de acabar con la sobrerrepresentación / Foto: Cuartoscuro.com
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La Cámara de Diputados, inició pasadas las 11 de la noche de este jueves 22 de abril, el debate en el Pleno, del polémico dictamen correspondiente a la minuta del Senado, con la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que en un artículo transitorio, amplía dos años el mandato del presidente de la Suprema Corte y en el Consejo de la Judicatura.

El artículo décimo tercero transitorio, señala que el presidente de la Corte terminará su encargo hasta el 30 de noviembre de 2024, con el propósito de quedarse a implementar la reforma en cuestión.

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La norma se aprobó en lo general, por apenas 260 votos a favor, 167 en contra y dos abstenciones.

Lo aprobado en lo general fue el esqueleto del dictamen, ya que todos los artículos del fueron reservados.

En seguida, los congresistas dieron paso a la discusión particular de 553 reservas con propuestas de cambio que se estima, ninguna prosperará.

La diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Frida Esparza presentó en una sola participación, 432 reservas de todas las presentadas.

En su retorno al recinto parlamentario, desde hace más de un año, cuando se decretaron medidas de aislamiento social a causa de la pandemia por coronavirus, el expresidente de la Mesa Directiva y legislador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Porfirio Muñoz Ledo, se pronunció en contra del proyecto que calificó de “patético” y “relección disfrazada”.

El congresista confrontó al líder de su bancada, Ignacio Mier, quien justificó la aprobación de la reforma afirmando que la mayoría no privilegiará el derecho, sino la justicia y lo que es necesario para la realidad que vive el país.

“El conservadurismo opta por el derecho, el liberador y somos parte de un movimiento liberador, opta por la justicia, por la felicidad y por lo que es necesario. Y no nos pida a sus compañeros, con todo respeto, que optemos por el derecho, porque estaríamos sumándonos a ese derecho que no garantiza lo justo, que no garantiza la felicidad”, atajó Mier Velazco.

Muñoz Ledo reviró señalando que esa postura, propia de la filosofía del Siglo XV, partidaria de “el fin justifica” los medios”, es el punto de partida de todos los abusos en la historia de la humanidad.

“Quienes dicen que la justicia está antes que el derecho, se remontan a una teoría del Siglo XV, del señor Maquiavelo que decía que el fin justifica los medios. El fin justifica los medios, es el origen de todas las tropelías, de todas las invasiones, de todas las vejaciones al ser humano, quien lo dice, ¡se autocondena!”, respondió el expresidente del Congreso de la Unión.

En el debate, los legisladores de Morena admitieron que la reforma, en particular el artículo décimo tercero transitorio introducido de última hora en el Senado, será impugnada ante la propia Suprema Corte, cuyo presidente, el ministro Arturo Zaldívar, por honor, seguramente se excusará.

“Con el asunto de exigirle al ministro de la Corte que se pronuncie, ¿creen que es tonto? ¡Tonto es el que cree que el ministro es tonto! Pues cuando le llegue el expediente con la controversia, para empezar, se los anticipo, por su honorabilidad se va a excusar, porque va dirigido hacia él el transitorio. Se va a excusar, van a resolver los demás, inconstitucional, se convoca y listo”, anticipó el morenista Rubén Cayetano.

Al inicio del largo debate, en un intento fallido de impedir la aprobación del proyecto que se planteó en términos idénticos que lo aprobado por el Senado, las bancadas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción Nacional (PAN) lanzaron mociones suspensivas que fueron rechazadas.

Dichas modificaciones son “sumisión al Ejecutivo”, es fraude a la ley, alertaron la diputada perredista Frida Esparza y el diputado panista José Elías Lixa.

“Es increíble el nivel de sumisión que pudiera existir en este momento, en un momento histórico, en el que se pretende a través de un transitorio de una ley secundaria, entrometerse en la vida del Poder Judicial, esto es un golpe legislativo, y no nos hagamos, es un golpe legislativo ordenado desde el Ejecutivo”, advirtió el legislador del albiazul.

Al presentar el dictamen, el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Rubén Cayetano, afirmó que las modificaciones ponen al Poder Judicial a la altura de los retos que presenta el país.

En respuesta, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa, calificó el artículo décimo tercero transitorio como “la manzana envenenada” de la reforma.

Coincidió con el coordinador de la bancada panista, Juan Carlos Romero, al señalar que la reforma está dedicada especialmente al ministro Zaldívar Lelo de Larrea, al que retaron a desmarcarse.

“Hoy hago un llamado comedido al criterio prudencial del ministro Zaldívar, porque es momento de definirse: o está con México y la Constitución o está con el Presidente. Se tiene que desligar, por dignidad personal, dignidad ética, dignidad legal y dignidad institucional. ¿Se va a arrodillar ante el Presidente de la República o va a privilegiar la altura de mira que tenemos todos nosotros? Y hoy queremos ver la estatura en todo esto”, emplazó el diputado Romero Hicks.

La reforma denominada por la oposición como “Ley Zaldívar” integra disposiciones para desarrollar el servicio de carrera en el Poder Judicial, con el fin de profesionalizar su actuación y mejorar las condiciones administrativas y laborales de sus integrantes.

Contempla políticas internas para reforzar el combate a la corrupción, el nepotismo, el abuso y acoso sexual, así como el abuso de poder en el ámbito judicial; mejorar la defensoría pública, para hacer la justicia más accesible a la ciudadanía.

Añade que los servidores públicos que incurran en acciones ilegales y faltas, serán sancionados con la pérdida de beneficios y prestaciones económicas, aunado con las penas establecidas para delitos contra la administración de la justicia.

La norma obligará a los integrantes del Poder Judicial a presentar declaraciones patrimoniales y de intereses.