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Diputados aprobarán en el Pleno la Reforma Laboral

El documento de 619 páginas sobre la Reforma Laboral está publicado en la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria de la Cámara.

Angélica Melín Jueves 11 De Abril, 2019 · 09:24 am
Diputados aprobarán en el Pleno la Reforma Laboral
Entre reclamos de la oposición por el desaseo en el procedimiento, los diputados aprobaron en comisiones la Reforma Laboral
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La Cámara de Diputados dará declaratoria de publicidad y dispensará el resto de los trámites, al dictamen de la Comisión de Trabajo sobre la Reforma Laboral.

Se trata de un paquete de modificaciones a las leyes Federal del Trabajo, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Federal de la Defensoría Pública, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Seguro Social, en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva.

Los cambios avanzaron en la Comisión, entre reclamos de la oposición por el desaseo en el procedimiento; con dos votaciones, una de las cuales estuvo fuera de reglamento; y con el voto predominante de la mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

El documento de 619 páginas está publicado en la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria de la Cámara.

La exposición de motivos del proyecto señala que se busca consolidar una auténtica democracia en el país, eliminando los obstáculos que los trabajadores tienen para elegir libremente a sus dirigentes sindicales.

Se pretende crear una democracia sindical libre de hechos de corrupción y que represente verdaderamente los intereses de los trabajadores.

Prevé garantizar que la elección de directiva sindicales y sus integrantes sea de manera personal, libre, directa y secreta; fortalecer la representatividad sindical y fomentar la rendición de cuentas sobre cuestiones relativas a los registros de las organizaciones sindicales, los contratos colectivos y los reglamentos de trabajo.

Busca obligar a los patrones a pagar las aportaciones de vivienda a los trabajadores del hogar; fijar una jornada laboral determinada y proporcionarles seguridad social.

Lo anterior, incluyendo la frase “trabajadores del hogar” en la Ley Federal del Trabajo.

Marca el cumplimiento de los principios establecidos en los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre libertad sindical y negociación colectiva.

Destaca la importancia de garantizar la libertad dentro y fuera de la estructura sindical, para llevar a cabo procesos internos libres y democráticos.

Recalca que los sindicatos son organismos de interés público y deberán garantizar a sus afiliados derechos de participación libre, democrática y en sus órganos de gobierno; así como el voto libre, secreto y universal.

Indica que la selección de dirigentes se llevará acabo mediante un sistema de votación universal, libre y directo, a través de elecciones justas y democráticas.

Establece la libertad del trabajador de constituir sindicatos, sin autorización previa o de ingresar a un sindicato ya constituido; prohíbe a los patrones obligar a los trabajadores a afiliarse o retirarse del sindicato al que pertenezcan; y prohíbe obligarlos a votar por determinada candidatura.

Reconoce el derecho del trabajador de no ingresar a un sindicato determinado o de no afiliarse a ninguno.

Recalca que la reforma se adecúa a las disposiciones contenidas en el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC.

Los cambios incluyen ajustes al sistema de justicia laboral, que será independiente al Poder Ejecutivo y será impartida por el Poder Judicial, con el fin de dar certeza al trabajador en el empleo y en salario, evitar abusos por parte del patrón, e impedir demandas fraudulentas.

Por lo anterior, establece la creación de una instancia de conciliación prejudicial con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión, resolución y de gestión.

En esos términos, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, se encargará de registrar a los sindicatos y sus contratos colectivos; así como dar cumplimiento a los compromisos del T-MEC.

Plantea la creación de Tribunales Laborales en sustitución de las Juntas de Conciliación y Arbitraje; aunado a que los procesos judiciales en materia laboral serán gratuitos, inmediatos, predominantemente orales y conciliatorios.

En el caso de la elección de dirigencias sindicales, se llevarán a cabo de manera personal, libre, directa y secreta, para evitar la injerencia del patrón u organizaciones de empleadores.

Incluyen la rendición de cuentas sobre los registros de las organizaciones sindicales, los contratos colectivos y los reglamentos de trabajo para legitimar la representatividad sindical.

Contempla mecanismos para lograr que la rendición de cuentas de las directivas sindicales sea real, incluyendo sanciones por incumplimiento.

Para asegurar la negociación colectiva, se acreditará la representatividad legítima de los sindicatos; así como la certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo.

Subraya que la duración de las directivas sindicales no será indefinida.

Integra disposiciones que eliminan la discriminación laboral, impulsan la igualdad de remuneración para hombres y mujeres, el respeto a derechos, así como medidas para evitar la discriminación a las trabajadoras por embarazo.

En el caso de la rendición de cuentas por parte de las dirigencias sindicales, dispone sanciones en caso de incumplimiento.

Esto, a fin de inhibir la apropiación indebida del patrimonio de las organizaciones y asegurar la transparencia en el manejo de cuotas y finanzas sindicales, con la publicación en sitios de internet de la autoridad registral, de todos los documentos relacionados.

Condiciona la firma del contrato colectivo, a la obtención de la Constancia de Representatividad mediante consulta previa a través del voto personal, libre y secreto de los trabajadores. Este elemento legitimará la contratación colectiva, dice el documento.

Para obtener la Constancia de Representatividad, se necesitará el voto de al menos 30 por ciento de los trabajadores asistentes en la votación; y en caso de existir dos o más sindicatos, las constancias se expedirán al que obtenga el voto de la mayoría.

Como una nueva regla, refiere que los contratos depositados ante las Juntas de Conciliación y que no registran movimientos, deberán revisarse cada cuatro años a través del voto mayoritario de los trabajadores.

Añade que la integración de las directivas sindicales se conformará proporcionalmente por razón de género.

En el rubro de la justicia laboral, contempla que los conflictos legales se dirimirán primero en instancias conciliatorias, que no podrán tardar más de 45 días naturales en emitir un resolutivo; aunado a que sólo llegaron los tribunales los casos en los que sea imposible el arreglo conciliatorio.

Prevé el uso de tecnologías de la información, para agilizar las notificaciones en caso de juicios laborales.

En artículos transitorios, la reforma señala que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tendrá dos plazos para entrar en funciones.

Las labores de registro de contratos tendrán que iniciar en un plazo no mayor a dos años a partir de la entrada en vigor del decreto.

Las funciones conciliadoras deberán arrancar al mismo tiempo en que los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación arranquen funciones. Esto, en un plazo no mayor a cuatro años después de la entrada en vigor de la norma.

Los tribunales laborales locales y los centros de conciliación locales, tendrán que estar en funciones en un plazo de tres años a partir de que entre en vigor la norma secundaria.

Indica que los servicios de registro que actualmente se realizan en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, la Secretaría del Trabajo y los poderes ejecutivos locales, terminarán cuando el Centro Federal de Registro inicie funciones, lo que deberá suceder en un plazo de dos años contados a partir de la entrada en vigor del decreto.

Sobre los contratos colectivos de trabajo, recalca que deberán revisarse al menos una vez cada cuatro años; y los trabajadores deberán contar con una copia.

Los contratos no sean revisados en los plazos establecidos, se tendrán por terminados.

Se crearán tribunales auxiliares para atender demandas de titularidad del contrato sin emplazamiento a huelga, y comenzarán a operar seis meses después de que el decreto entre en vigor. Aunque desarrollarán funciones hasta que estén en operación los tribunales laborales y el Centro de Conciliación.

En cuanto el decreto entre en vigor, habrá un plazo no mayor a 120 días para definir los planes de trabajo en torno a la conclusión de los asuntos que estén la tramite en las Juntas de Conciliación de Arbitraje locales y federales, añade.