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Designan vocero de Policía de Tijuana, acusado de violaciones de DDHH

Señalan que el capitán Huerta fue señalado como partícipe en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos de 25 policías municipales.

Nora Bucio Martes 12 De Mayo, 2020 · 16:02 pm
Designan vocero de Policía de Tijuana, acusado de violaciones de DDHH
Los policías municipales fueron arraigados en instalaciones militares durante 40 días / Ilustrativa
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Organizaciones defensoras de derechos humanos, denunciaron la designación de Gustavo Huerta Martínez, como vocero de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) de Tijuana, Baja California, quien fuera acusado en 2009 de graves violaciones a los derechos humanos de al menos 25 elementos policiacos y por cuyos hechos existe una recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la Comisión de Derechos Humanos del Noreste, advirtieron que la designación de Huerta Martínez como vocero de la corporación en Tijuana, “no solo contribuye a la impunidad, aleja al país de la posibilidad de erradicar las prácticas violatorias de derechos humanos, sino que constituye un agravio mas para las víctimas a quienes se les ha negado el acceso a la justicia y su Eder echó a ser reparadas”.

En el año de 2009 el capitán Huerta Martínez en calidad de Director de Policía y Tránsito Municipal de Tijuana, fue señalado como partícipe en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos de 25 policías municipales, quienes fueron detenidos, torturados y procesados por delitos que no cometieron, señalaron.

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Estos hechos fueron investigados y acreditados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien emitió la recomendación 87/2011. Entre marzo y abril del 2009, Gustavo Huerta (identificado por AR2 en la Recomendación), junto con el Teniente Coronel Julián Leyzaola Pérez –de la entonces Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Tijuana– (identificado por AR1 en la Recomendación), dieron la orden de detener a los policías, sin justificación legal. Posteriormente, ambos funcionarios entregaron a las 25 víctimas al Ejército mexicano quienes los torturaron por varios días en las instalaciones del 28º Batallón de Infantería, conocido como “Aguaje de la Tuna” en la ciudad de Tijuana, relataron las organizaciones.

Los policías municipales fueron arraigados en instalaciones militares durante 40 días y después acusados por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) de pertenecer a la delincuencia organizada. Todos los acusados recuperaron la libertad por falta de pruebas. Con estos actos tanto Julián Leyzaola como Gustavo Huerta, participaron en la política de fabricación de culpables en el marco de la guerra contra el narcotráfico y una supuesta “limpia” de las instituciones municipales de seguridad pública.

El Gobierno de Baja California y el Ayuntamiento de Tijuana no aceptaron la Recomendación de la CNDH. Esto ha tenido consecuencias graves en la honra y dignidad de las víctimas, así como en el ejercicio de su derecho a la verdad y a la reparación integral de los daños.

Las organizaciones hicieron un llamado a la SSPCM para destituir al Capitán Huerta; y a la Fiscalía General de la República para que realice una investigación objetiva e imparcial de la participación de Gustavo Huerta Martínez y de Julián Leyzaola en el caso.