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Defensores llaman a nuevo gobierno a priorizar a niños y jóvenes

Juan Martín Pérez, de la Red por los Derechos de niñas, niños y adolescentes, resaltó que los jóvenes de entre 0 y 29 años de edad constituyen el 52.3% de la población mexicana.

 

Rocío Méndez Miércoles 29 De Agosto, 2018 · 19:28 pm
Defensores llaman a nuevo gobierno a priorizar a niños y jóvenes
Foto: Ilustración
Tras reclamar ausencia de la infancia en los planteamientos del nuevo gobierno e incluso “invisibilidad” de la agenda integral de los jóvenes cómo podrían ser derechos sexuales y reproductivos en la agenda del nuevo gobierno, defensores y activistas en favor de la infancia demandan la instalación de mesas de trabajo para elevar el nivel político de las instancias de niñez y juventud (Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINNA, e Instituto Mexicano de la Juventud, IMJUVE), dotándoles con el máximo de los recursos humanos y financieros disponibles, tal como aceptó Andrés Manuel López Obrador, tras firmar los compromisos con defensores de esta población en abril pasado.
 
21.4 millones de niños y adolescente están hundidos en la pobreza, 15 mil migran expulsados de sus comunidades y 4 de cada 10 delitos son cometidos en contra de menores de edad; “si esto no cambia ¿como podremos tener un país en paz?, con al menos 25 años de retraso en el el ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes, criticaron.
 
 
Asimismo, además de reclamar la autonomía de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, los defensores piden desconcentrar las Procuradurías de Protección del Sistema Nacional para la Desarrollo Integral de las Familias a nivel federal, estatal y municipal, garantizando que cuenten con recursos técnicos, financieros y operativos autónomos y suficientes para cumplir con su función de proteger y restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes.
 
Asimismo, alertaron que la inversión pública en infancia y juventud “no es suficiente, está mal distribuida y no logra el impacto necesario para garantizar todos los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes”. 
 
“Es necesario que en el Presupuesto de Egresos 2019 se incremente la inversión, se mejore la calidad del gasto y se rindan cuentas sobre el ejercicio de los recursos”, apuntaron.
 
Los defensores y activistas por los derechos de la niñez, adolescencia y juventud pidieron al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador y a su equipo de trabajo que coloque a los mexicanos menores de 29 años en el centro de su plan de gobierno y su gestión para los próximos 6 años de gobierno.
 
La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es resultado de una lucha histórica de la sociedad civil organizada. 
 
“Esta lucha no está concluida. El Presidente Electo tiene la oportunidad de transformar la vida de 1 de cada 2 mexicanos. Queremos que pase a la historia como el Presidente de la Niñez y la juventud”, señalaron en conferencia de medios.
 
Juan Martín Pérez, de la Red por los Derechos de niñas, niños y adolescentes, resaltó que los jóvenes de entre 0 y 29 años de edad constituyen el 52.3% de la población mexicana, por lo que es necesario que el nuevo gobierno tenga clara la importancia de garantizar sus derechos.
 
10 por la Educación, MxporlaNiñez, Red de Instituciones Especialistas en Juventud y Desarrollo, Pacto por la Primera Infancia, en representación de más de 450 organizaciones sociales, junto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), reclaman que en México, la pobreza y la falta de oportunidades afecta de manera especial a los niños y niñas, adolescentes y jóvenes. 21.4 millones de niñas, niños y adolescentes viven en pobreza; mientras que 9 millones de los 15 millones de jóvenes de 15 a 29 años que se encontraban ocupados en el primer trimestre de 2017 estaban en el sector informal.
 
Finalmente, las agrupaciones llamaron a crear mecanismos de participación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y de los defensores, “para que tengan una intervención sustantiva en todas las decisiones de política que afectan la garantía de sus derechos”.