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Diputados, a controversia constitucional por ‘blindaje’ a Cabeza de Vaca

Junta de Coordinación Política quiere evitar que Congreso de Tamaulipas frene desafuero del gobernador de la entidad,

Angélica Melín Lunes 22 De Marzo, 2021 · 14:36 pm
Diputados, a controversia constitucional por ‘blindaje’ a Cabeza de Vaca
Diputados discutirán mañana la reforma al Poder Judicial / Cuartoscuro.com
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La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó interponer una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el Congreso de Tamaulipas, con el fin de invalidar el “blindaje” al gobernador Francisco Javier García Cabeza, sujeto a proceso de desafuero.

La mayoría en San Lázaro promovió la moción para impugnar legalmente el “Acuerdo por el que se establecen las reglas del procedimiento de homologación para el ejercicio de las atribuciones que confiere al Congreso del Estado, el párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución Política”, publicado el pasado 3 de marzo de 2021, referente a la responsabilidad penal de los diputados locales, magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del gobernador.

Los legisladores federales van a la Corte con el argumento de que la declaración de procedencia es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, por lo que los congresistas estatales no se pueden atribuir esas funciones.

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Argumentarán que al declararse la procedencia del desafuero de un gobernador, las Legislaturas de los estados son notificadas del hecho, para que el señalado quede a disposición del Ministerio Público, no para que los parlamentarios estatales emitan un nuevo pronunciamiento.

Al gobernador García Cabeza de Vaca, se le acusa de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Ello, de acuerdo a la solicitud de desafuero promovida por la Fiscalía General de la República (FGR).

Minutos antes de tomar la decisión, el coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación, Ignacio Mier, perfiló que la decisión sería aprobada.

El documento aprobado por los líderes parlamentarios en San Lázaro, estará firmado por la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara, Dulce Sauri, y va dirigido al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Con ese recurso, se demandará que la controversia constitucional referida sea resuelta de manera prioritaria.

Los diputados federales pedirán la invalidez legal de la norma local aprobada a inicio del actual mes de marzo, por considerar que viola el ámbito de competencia de la Cámara de Diputados.

Apunta que la declaración de procedencia tiene como fin conocer y resolver sobre la acusación que realice cualquier ciudadano o el Ministerio Público, a través de la presentación de pruebas contra diversos servidores públicos, por su probable responsabilidad penal.

Indica que la facultad en esa materia, compete a la Cámara de Diputados, como lo marcan los artículos 74, fracción V; 108 y 111 de la Constitución; diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos; así como otras previsiones establecidas en al Ley Orgánica del Congreso General.

El artículo 111 constitucional establece que, para proceder penalmente contra diputados y senadores, ministros de la Corte, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, consejeros de la Judicatura, secretarios de Estado, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR); y consejeros electorales, por la comisión de delitos durante su encargo, la Cámara declarará por mayoría absoluta, si ha lugar o no a proceder contra el inculpado, recapitula.

Para poder proceder penalmente por delitos federales presuntamente cometidos por gobernadores, legisladores, funcionarios electorales locales, se seguirá el mismo procedimiento, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan.

Recalca que la Cámara de Diputados es la única encargada de declarar por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha lugar o no proceder contra el inculpado, y esa decisión es “inatacable”.

Si en San Lázaro se determina la procedencia del desafuero contra un gobernador, remitirá la decisión a la Legislatura local “únicamente para que ponga al inculpado a disposición del Ministerio Público Federal o del Órgano Jurisdiccional respectivo, sin que sea necesario y nuevo pronunciamiento”, remarca.