enero 18, 2022
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ASF sale al paso a críticas y niega versión del exauditor Gerardo Lozano

La Auditoría niega concentración de funciones, desaparición de contrapesos y bloqueo a denuncias por uso irregular del erario.

Angélica Melín
ASF sale al paso a críticas y niega versión del exauditor Gerardo Lozano
Auditoría Superior de la Federación. Foto: Archivo

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), salió al paso ante las afirmaciones del ahora exauditor Especial de Cumplimiento Financiero de ese organismo, Gerardo Lozano, quien presentó su renuncia irrevocable, con efectos a partir de este martes 16 de noviembre.

El señalado advirtió sobre los efectos negativos de los cambios al Reglamento Interno de la institución, que se procesaron y publicaron sin hacerlos al menos de su conocimiento.

Información relacionada: Auditor de Cumplimiento Financiero de la ASF presenta renuncia

En un escrito oficial, la ASF defendió las reformas criticadas por Lozano Dubernard, al afirmar que se implementaron conforme a la ley, no afectarán la capacidad técnica ni de dictaminación del ente fiscalizador, no concentran funciones y tampoco eliminan contrapesos internos.

En una larga publicación, la instancia a cargo del auditor superior, David Colmenares, informó que mantiene intacta su autonomía técnica y de gestión.

Aseguró que en el proceso de fiscalización siempre interactúan las distintas áreas, con lo cual descartó que se estén concentrando funciones en determinados despachos.

Insistió en que los cambios al Reglamento Interior se hicieron con apego a la ley.

Reconoció que se retiró a las Áreas Auditoras la facultad de elaborar dictámenes técnicos para denuncia penal, para otorgarla a la Auditoría Especial de Seguimiento, como lo denunció Lozano Dubernard.

Sin embargo, la decisión tendrá “beneficios legales” como fortalecer la fiscalización, y cumplir con la norma en cuanto a que las denuncias deberán presentarse “preferentemente” cuando concluyan los procesos administrativos.

Indicó que es hasta la etapa de “seguimiento” que se cuentan con elementos para fundar y motivar adecuadamente la presentación de denuncias penales.

Antes de llegar a ese punto, recordó, debe resolverse el proceso de aclaración y solventación por parte de los entes fiscalizados. En caso de que no cumplan con esas aclaraciones, ya se podrá determinar acciones penales. Ello da certeza al auditado y al auditor, recalcó.

Apuntó que el área de investigación de la ASF, puede remitir expedientes a la Fiscalía Anticorrupción.

Negó que las labores de la Auditoría se centren en “personas”, sino que son las áreas las que realizan el trabajo.

Puntualizó que los funcionarios o personas en lo individual tampoco son las encargadas de presentar denuncias penales. Esos recursos se interponen como parte del proceso de fiscalización integral.

Los cambios al Reglamento no solo se fortalece la fiscalización de manera integral, sino la objetividad, imparcialidad y transparencia del trabajo de la institución, aunado a que se evitan conflictos de interés.

La ASF dijo que la administración de Colmenares Páramo ha buscado hacer más transparente la fiscalización y evitar que las Áreas Auditoras se conviertan en jueces y parte.

Para ello, justificó, fue que en 2018 se creó la Auditoría Especial de Seguimiento.

Insistió en que las denuncias presentadas por la ASF no son producto de la decisión de una sola persona, sino de grupos de trabajo en los que sí participan las Auditorías Especial de Cumplimiento Financiero, Gasto Federalizado, la propia Auditoría de Seguimiento y la Unidad de Asuntos Jurídicos.

Los cambios al Reglamento Interior permitieron crear la Dirección General de Auditoría Forense para el Gasto Federalizado, nuevamente para no concentrar decisiones en una sola área.

Aunque negó que las nuevas disposiciones hayan eliminado contrapesos como la Auditoría Interna, indicó que las funciones de esa instancia se pasaron a la Unidad Técnica de la ASF, la cual cambió de nombre a Dirección de Análisis y Seguimiento de la Gestión.

Finalizó las explicaciones, afirmando que la instancia que evalúa y en su caso, puede establecer sanciones a la ASF, es la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.