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Advierten intromisión de partidos políticos en decisiones del TEPJF

El hoy abogado General de la UNAM, César Astudillo Reyes, se sumó a las advertencias de los propios magistrados del TEPJF, en el sentido de que magistrados locales incurren en una dilación en resolver los asuntos de alrededor de un mes, como parte de un “aliciente político”.

Francisco Rubio Viernes 25 De Septiembre, 2015 · 17:55 pm
Advierten intromisión de partidos políticos en decisiones del TEPJF
Foto archivo

Audio: César Astudillo Reyes, abogado General de la UNAM

En tanto partidos políticos en su conjunto e inclusive desde el poder legislativo no se ha manifestado una intención de ir a una nueva reforma político electoral, magistrados en funciones y analistas en la materia, no nada más hablaron del “fracaso” de las modificaciones constitucionales del 2014, sino que incluso advirtieron sobre la intromisión de las fuerzas partidistas en las decisiones de los tribunales.

El hoy abogado General de la UNAM y especialista en materia de derecho electoral, César Astudillo Reyes, se sumó a las advertencias de los propios magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en el sentido de que magistrados locales incurren en una dilación en resolver los asuntos de alrededor de un mes, como parte de un “aliciente político”.

Ahí “tenemos un germen de problemas muy importantes”, sostuvo.

“Esto trae un problema político incorporado, me queda claro que pueden haber alicientes de tipo político, injerencias de tipo político que lleven a que los tribunales de los estados tarden tanto en resolver. Hay otros elementos, muchos más, por ejemplo; la heterogeneidad de los medios de impugnación, la heterogeneidad ciertamente de los plazos, sí la complejidad de los asuntos, pero el problema es que vean ustedes la proporción de tiempo que lleva el órgano local con la proporción de tiempo que se lleva el Tribunal Electoral en su doble Sala. Me parece que ahí tenemos un germen de problemas muy importantes que vale la pena que le pongamos atención”.

En el último día del “Seminario Internacional Evaluación de las elecciones 2015 y reforma electoral 2014: diagnóstico y propuestas, César Astudillo Reyes, incluso presentó el caso más reciente en donde rindieron protesta como diputados por el estado de Michoacán dos ciudadanos y en menos de 24 horas la Sala Superior determinó que no era así

“Si hoy este sistema de impugnación hace que desafortunadamente todo lo tenga que resolver en última instancia, que la última palabra sea la de la Sala Superior, lo que no podemos hacer es no darle el tiempo para que de manera razonable tenga ocasión de resolver sin generar este tipo de afectaciones, el ejemplo que puse de Morelia, es un ejemplo de lo que no debe ocurrir, porqué porque sabemos que el principio de definitividad es un principio angular de la materia electoral y lo que no podemos hacer es que cuando hay diputados que ya tomaron posesión, que ya tomaron protesta como diputados y que la protesta significa que ya tienen derecho, obligaciones y garantías de conformidad con el ordenamiento, lo que no puede suceder es que un día después por falta de tiempo, se les diga, pues, si sabe usted que siempre no, va cobrar medio día como diputado, pero permita porque estos son los tres buenos”.

Con el tema Causa de Nulidad y juicios presentados en el 2015, quien también fuera el Coordinador del Área de Derecho Electoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, César Astudillo, se inclinó porque sea el INE la instancia de declarar la validez de los procesos comiciales y no el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“Me parece que es momento de volver a pensar que la declaratoria de validez en las elecciones, de muchas de las elecciones, tal vez, únicamente yo pondría la excepción de la presidencial, pero toda vía no tengo elementos para decirlo con contundencia, vuelvan a las autoridades electorales administrativas, que sean ellas las que declare la validez otorgue las constancias y que se excepcionalmente con reglas procesales bien construidas, bien perfiladas para evitar justamente todo lo que hoy ocurre, que una frivolidad evidente en las impugnaciones sólo, digamos, cuando sea estrictamente necesario que esa validez sea analizada por los tribunales”.

En esta misma mesa, de Causa de nulidad y juicios presentados en el 2015 el consultor independiente invitado al seminario, Ezequiel González Matus, basó su propuesta en que no exista un “colchón” de rebase de tope de gasto de campaña.

Al respecto, cabe recordar que para anular una elección, un actor político tiene que rebasar dicho tope en cinco por ciento y claro, tiene que estar plenamente demostrado.

“Desde mi punto de vista la ilicitud per ce, rebasar el topo de gastos de campaña en 0.01 por ciento si la Constitución asume que es una causa de nulidad no debería haber tasa que nos coloque en un rango para rebasar hasta en 4.99, no debería de haber un porcentaje de colchón para rebasar, si es una causa constitucional debería bastar que se rebase por un solo peso”.

Mesa: Impugnaciones y procedimientos especial sancionador.

En este tema, el Magistrado Presidente de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Clicerio Coello Garcés, explicó que en este proceso comicial pasado se resolvieron más de mil 520 denuncias, de ellas más de mil fueron del ámbito distrital o de Juntas Distritales y 520 de asuntos enviados por la autoridad central, es decir, el INE.

Precisó que si bien los asuntos se resolvieron en menos de lo que establece la ley de 72 horas, si sería prudente que el legislador analice la viabilidad o no de que los Procedimientos Especiales Sancionadores, se resuelvan de principio a fin por la instancia jurisdiccional.

“Es importante reflexionar si debe judicializarse en su totalidad, desde la presentación de la denuncia hasta la resolución el Procedimiento Especial Sancionador. Si debemos dar pasos graduales para que el Procedimiento Especial Sancionador de principio a fin se tramite y resuelva en sede jurisdiccional, para que se atienda las reglas del debido proceso legal, para que un tribunal especializado de la justicia electoral garantice el derecho de defensa de las partes y se cumplan las formalidades del procedimiento. Una sola autoridad jurisdiccional que conozca desde la admisión hasta la resolución, incluido el emplazamiento y las medidas precautorias, daría homogeneidad de criterios y generaría una mayor certeza jurídica”.

Sin presentarlo como una propuesta como tal, sino como parte de una reflexión, Clicerio Coello Garcés, también dejó en la mesa de análisis, el hecho de que los Consejos Distritales resuelven asuntos muy específicos.

“También es importante poner sobre la mesa si los Consejos Distritales deben resolver aquellos asuntos que no están vinculados directamente con una afectación a los principios de equidad o de imparcialidad o, que no tienen una relación directa con el ejercicio de estos derechos de libertad de expresión, por ejemplo los temas de colocación de propaganda fija en el equipamiento urbano, o la difusión de propaganda impresa, que delegaría o desconcentraría la función jurisdiccional que hoy en día está centralizada y, los Consejos Distritales, podrían también darle congruencia a un procedimiento sancionador de inicio a fin en estos asuntos que no están vinculados con el modelo de comunicación política electoral, que no están vinculados a los aspectos de radio y televisión”.

Luego de que primero participó como parte del auditorio en la mesa donde se dejó de manifestó que las salas locales demoran mucho en entregar sus resoluciones, ya como expositora, la magistrada de la Sala Regional Guadalajara, Mónica Soto, explicó a los problemas que tienen que enfrentarse para cumplir con los plazos marcado por la ley en resolver los asuntos.

“La premura con la que se desahogan estos Procedimientos Especiales Sancionadores, considero aumentan la posibilidad de que las autoridades administrativas electorales lleven a cabo una sustanciación, pues, no quisiera decir defectuosa, pero tal vez no completa, porque los tiempos no dan muchas veces para más, los tiempos y la cantidad de denuncias, de quejas presentadas, o en su caso, que las autoridades jurisdiccionales tampoco tengan tiempo suficiente para ser debidamente exhaustivas y, dicten resoluciones que pudieran no estar debidamente fundadas y motivadas”.

En esta mesa, de Impugnaciones y Procedimiento Especial Sancionador, el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) Santiago Nieto, se pronunció por que el legislador incremente el presupuesto a esta área dependiente de la PGR.

“La FEPADE tiene el 0.7 por ciento del presupuesto asignado a las instituciones electorales, creo que es importante que revisemos también desde la perspectiva presupuestal, le corresponderá por supuesto a los legisladores hacerlo, cuál es ámbito para tener un sistema mucho más eficaz de procuración de justicia penal electoral en el país. En síntesis, venimos de un modelo que estaba pensado en el Registro Federal de Electores a un modelo de todo el proceso electoral, veníamos modelo de un sistema procesal penal inquisitorio de carácter cerrado en donde no se privilegiaba a la víctima a un sistema de justicia procesal penal acusatorio, veníamos de un sistema en donde los delitos electorales tenían que ver con la jornada electoral y ahora tienen que ver con esquemas de financiamiento, de fiscalización, de registro ante el padrón de proveedores o temas que incluso van más allá de las fronteras mexicanas”.

Cabe recordar que los resultados de este seminario serán incorporados a un “Libro Blanco” para que el constituyente lo tome en cuenta en caso de ir a una nueva reforma político electoral.