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Acusa INEE campaña en su contra; no hay evidencia de persecución al magisterio, dice

En defensa del INEE, Bracho González acusó la existencia de una campaña de desinformación contra el organismo.

Angélica Melín Sábado 16 De Febrero, 2019 · 19:10 pm
Acusa INEE campaña en su contra; no hay evidencia de persecución al magisterio, dice
Francisco Cartas Cabrera. Coordinador Nacional del Servicio Profesional Docente, se pronunció a favor de establecer en la Constitución, que la educación en México será de excelencia, y defendió la iniciativa presidencial.

La consejera presidenta del Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Teresa Bracho pidió a los diputados federales aclarar dónde está el carácter persecutorio de ese organismo.

Al participar en la séptima y última audiencia pública sobre la reforma educativa propuesta por el Presidente de la República, organizada en la Cámara de Diputados, la funcionaria dijo que desaparecer la evaluación y los criterios para la permanencia de los docentes, es un error que pone en riesgo la asignación de plazas.

“¿En dónde está el carácter persecutorio de lo realizado? ¿Qué tan alto va a ser el costo para la educación del país, al dejar de realizar tareas de una institución independiente, especializada, autónoma y políticamente neutra?”, cuestionó.

“Si lo persecutorio está en las consecuencias que derivan de los resultados de la evaluación del desempeño de maestros, estas están establecidas en la Ley General del Servicio Docente, ahí hay que poner la atención”, recomendó.

En defensa del INEE, Bracho González acusó la existencia de una campaña de desinformación contra el organismo.

Subrayó que no hay evidencia alguna de que haya sido o esté siendo usado como un persecutor del magisterio, como lo señala textualmente la iniciativa presidencial en análisis.

“Se propone cancelar, abro cita, porque se percibió como un instrumento persecutor contra el magisterio, cierro cita. La gran interrogante legal, histórica e incluso ética, es si tiene sentido cancelar una institución pública que ha velado por el interés superior de la niñez, a causa de una supuesta percepción respecto de la cual no hay evidencia alguna ni de la percepción ni del acto imputado”, recalcó.

Sin un organismo autónomo que participe en el diseño de las evaluaciones, el gobierno será “juez y parte” y la evaluación quedará “a modo”, sentenció.

“La autonomía de la evaluación si es indispensable. Ser juez y parte en procesos de evaluación conlleva a incurrir en errores, en ausencias de información o en establecer preferencias deliberadas”, indicó.

“Con ello se corre el riesgo de pasar de una evaluación que se calificó como punitiva, a una evaluación que se realice a modo. La evaluación educativa quedaría a la deriva de intereses políticos, partidistas y gremiales. No podemos hacer de los niños rehenes de los vaivenes políticos”, alertó.

No contar con un organismo autónomo, insistió, es volver al “oscurantismo, nadie quiere eso”.

Respecto al costo del INEE, al que se ha calificado como caro, señaló que cada año cuesta más de 300 mil millones de pesos atender a más de 30 millones de alumnos del sistema educativo.

Agregó que el INE gastaba en 2018, 33 centavos de cada 100 pesos del presupuesto educativo y con los recortes de 2019, ese costo bajó a 16 centavos de cada 100 pesos de los recursos destinados a educación.

Sobre el contenido de la reforma educativa, indicó que es un falso dilema el cambiar el término calidad por excelencia, cuando el concepto de “calidad” está definido claramente y aplica a nivel global.

En su intervención, Francisco Cartas Cabrera. Coordinador Nacional del Servicio Profesional Docente, se pronunció a favor de establecer en la Constitución, que la educación en México será de excelencia, y defendió la iniciativa presidencial.

Recalcó que las modificaciones legales no se llevarán a cabo sin la opinión de los maestros, como ocurrió el sexenio pasado.

El Ejecutivo considera un error sujetar la evaluación a mecanismos punitivos y estandarizados, sin tomar en cuenta las particularidades de cada entidad, remarcó.

Señaló que se coincide con los maestros, en que la evaluación afectó su estabilidad laboral; muchos de ellos fueron cesados sin razón; y otros 150 mil se jubilaron anticipadamente, debido a la intimidación que sufrieron para obligarlos a ser evaluados.

Añadió que se realizaron más de 600 mil evaluaciones del desempeño a maestros y directores, que no tuvieron efecto en la mejora de la labor docente; y según la Auditoría Superior de la Federación, la Estrategia de Evaluación Continua no dio los resultados esperados, refirió.

Al dar por concluidas las audiencias, la presidenta de la Comisión de Educación de San Lázaro, Adela Piña, aseveró que durante el ejercicio, ninguno de los asistentes fue censurado o se le dictó qué decir.

Todas las voces fueron escuchadas y aunque puede haber puntos de vista distintos, recalcó, serán valorados al momento de dictaminar.