¿Deseas recibir notificaciones?
Radio
Webcam
Buscar
Obscuro
Lo más buscado:
Link Copiado
A A

¿Se puede acusar penalmente a Trump mientras es presidente?

“El presidente, el vicepresidente y cualquier funcionario será removido de su cargo si en el impeachment o juicio político se le condena por traición”.

Redacción Miércoles 9 De Octubre, 2019 · 12:40 pm
¿Se puede acusar penalmente a Trump mientras es presidente?
Donald Trump, presidente de Estados Unidos / Foto Reuters
Escucha la nota:

Por Mina Magallón 

La Constitución de los Estados Unidos establece que el Congreso puede destituir a un presidente por delitos graves o por delitos menores mediante el proceso denominado impeachment que traduciremos como juicio político.  Pero la Constitución no establece si un presidente puede ser acusado penalmente mientras esté en funciones, y la Suprema Corte de los Estados Unidos tampoco ha resuelto esta hipótesis.

Debido a que la Constitución no establece explícitamente que un presidente en ejercicio de sus funciones este protegido y no puede ser acusado penalmente, algunos estudiosos del derecho en los EEUU opinan que un presidente sí puede ser acusado penalmente no obstante se encuentre en funciones.  Esta importante hipótesis legal que al día de hoy no ha sido resuelta por la Suprema Corte representa un grave problema técnico-jurídico en el juicio que se está llevando hoy ante un juzgado federal de Nueva York quien tendrá que resolver si Trump tiene que cumplir con la orden que giró un gran jurado ordenando se entreguen al fiscal estatal de Nueva York los documentos requeridos como pruebas relacionadas en la investigación penal que se sigue contra Trump en el estado de Nueva York.

El Artículo II, sección 4 de la Constitución federal de los EEUU establece: “El presidente, el vicepresidente y cualquier funcionario será removido de su cargo si en el impeachment o juicio político se le condena por traición, soborno u otros delitos graves o delitos menores”.  La Constitución no dice si el impeachmento juicio políticoes el único medio que se puede utilizar en el evento de que a un presidente se le acuse de haber cometido algún delito y tampoco dice nada sobre si el presidente pudiera ser sujeto tanto de ser acusado penalmente, así como de confrontarse de manera simultánea con el impeachment.  Sobre estas interrogantes, el Artículo I, sección 3 de la Constitución, establece que “la resolución final en caso de impeachmentse limita exclusivamente a la destitución del cargo… pero la parte condenada será responsable y estará sujeta a que se lleve a cabo un proceso penal en su contra conforme a la ley.”

En 1973, durante la presidencia de Richard Nixon, la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia adoptó la política de que un presidente en ejercicio de sus funciones es “constitucionalmente inmune” a una acusación penal, así como a ser enjuiciado penalmente. El Departamento de Justicia determinó que un caso penal contra el presidente “interferiría con los deberes oficiales únicos del presidente, la mayoría de los cuales no pueden ser realizados por nadie más”. De acuerdo con esta interpretación política, el presidente Richard Nixon no fue acusado por su conducta delictiva con respecto al robo y encubrimiento de Watergate y en su lugar fue nombrado conspirador no acusado.  En julio de 1974, el Comité del Poder Judicial de la Cámara de Diputados aprobó tres artículos de impeachment o juicio político contra el presidente Nixon, por obstrucción de la ley, por abuso de poder, y por no acatar la orden del Congreso, lo que hizo que Nixon renunciare a la presidencia el 9 de agosto de 1974 en lugar de someterse a un juicio en el Senado.

El Departamento de Justicia reafirmó esta política en el año 2000 en un memorándum preparado por la Oficina de Asesoría Jurídica titulado “La posibilidad de que un presidente en funciones pueda ser acusado y procesado penalmente”.  El memorándum estableció que “sería inconstitucional ya que quebrantaría la capacidad del poder ejecutivo para realizar las funciones que le fueron asignadas”.  El memorándum concluyó que era la posición oficial del Departamento de Justicia que antes de que un presidente en funciones pueda ser acusado penalmente primero debe de ser impeachedpor la Cámara de Diputados, juzgado por la Cámara de Senadores y, al ser encontrado culpable, y hasta entonces y no antes, se podría destituir a un presidente de su cargo.

Pero no todas las autoridades fiscales necesariamente se apegan a la política que se implementó con el memorándum arriba citado.  Entre las autoridades que no están de acuerdo, se encuentra el Fiscal de Distrito del Condado de Nueva York, cuya oficina, a fines del pasado mes de agosto, emitió una orden firmada por un gran jurado de Nueva York para que la firma de contadores que el presidente Trump utilizó para preparar sus declaraciones de impuestos, tanto personales como las declaraciones de sus empresas, fueran entregadas junto con toda la documentación de todos sus expedientes y archivos por un período de ocho (8) años, en el que se debían de incluir todos los registros financieros y fiscales personales y corporativos del presidente Trump, quien está siendo investigado penalmente hoy en día por el fiscal estatal de Nueva York, por los pagos realizados a dos mujeres durante la campaña presidencial de 2016, que se alega fueron violatorios a las leyes estatales de Nueva York.  Los fiscales estatales de Nueva York están investigando la posibilidad de que la empresa personal de Trump hizo deducciones de impuestos por los pagos realizados para callar a dos mujeres y falsificó los registros contables de la empresa para enmascarar los pagos que realizó Trump a través de su abogado personal, Michael Cohen, quien hoy en día se encuentra tras las rejas.

Para contrarrestar los esfuerzos de investigación penal que está siguiendo del fiscal estatal de Nueva York, el presidente Trump, en su capacidad personal, presentó una demanda en un juzgado federal de Nueva York para impedir que la oficina del fiscal estatal obtenga los documentos que se ordenó a los contadores de Trump a entregar.  Trump argumenta en su demanda que la orden que dictó el gran jurado estatal para que sus contadores entreguen los expedientes al fiscal estatal, incluyendo las declaraciones de impuestos, es violatoria de la ley pues “un presidente en funciones no puede ser sujeto a ningún proceso penal” “mientras esté en el cargo”.  Concluye que laorden es inconstitucional.  El fiscal estatal de Nueva York respondió que el presidente Trump no tiene una completa y total inmunidad” y que Trump sí puede ser investigado penalmente, no obstante tenga el cargo de presidente.  Además, explica que Trump simplemente está “tratando de inventar y hacer cumplir un nuevo” derecho de devolución de impuestos presidenciales.  Según la teoría de Trump, el revelar información en una declaración de impuestos necesariamente revelará información que de alguna manera obstaculizará el funcionamiento de un presidente, lo cual es irrisorio y ridículo, según argumenta el fiscal estatal, ya que en ningún momento puede probar Trump que si cumple con la orden de entregar la contabilidad se causaría un daño irreparable a la presidencia.  El fiscal estatal de Nueva York afirma ante el juez federal que el privilegio que Trump alega tener no existe en ninguna ley.  El fiscal estatal de Nueva York también impugnó la competencia del juzgado federal para conocer el asunto, argumentando que el caso pertenece exclusivamente al juzgado estatal de Nueva York.

Si el juzgado federal de Nueva York se niega a anular la orden que giró el gran jurado, y esa decisión se confirma por el tribunal de apelación, los contadores del presidente Trump tendrán que entregar todos los expedientes de la contabilidad personal y de todas sus empresas.  Creemos que el fiscal estatal del estado de Nueva York pudiera acusar penalmente a Trump aun siendo presidente, pero al día de hoy no sabemos qué es lo que ordenará el juzgado federal de Nueva York.  Si tuviera que apostar creo que el juzgado federal protegerá a Trump argumentando que no tiene que entregar sus declaraciones de impuestos en base a que la ley no establece claramente si un presidente es inmune a un proceso penal.  Dadas las partes y la gravedad de los problemas, el escenario se está preparando para escuchar de ambos lados el grito de tora, tora, tora.

Correo: mgmagallon@aol.com

Twitter: @MinaMagallon

Facebook: Mina Magallon