noviembre 27, 2021
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Fernández anuncia rebaja fiscal benéfica para miles de trabajadores

La mandataria ha aprovechado su intervención en un acto ante empresarios y representantes sindicales para anunciar una exención en el cobro del impuesto a los trabajadores que cobran menos de 35 mil pesos mensuales. 

EFE
Fernández anuncia rebaja fiscal benéfica para miles de  trabajadores
Cristina Fernández, presidenta de Argetina/ Foto internet Hoy

En un clima de tensión por la amenaza de protestas gremiales, con un contexto de incertidumbre económica y cuestionada por presuntas irregularidades en sus empresas, la presidenta argentina, Cristina Fernández, intenta llegar a Navidad con paz social.

Sin negociar con los sindicatos, que venían pidiendo bonos especiales y beneficios impositivos en el aguinaldo (paga extra) de final de año para compensar la pérdida de poder adquisitivo provocada por la elevada inflación -40 % según cálculos privados-, Fernández acaba de anunciar una rebaja fiscal coyuntural que beneficiará a unos 800 mil trabajadores.

La mandataria ha aprovechado su intervención en un acto ante empresarios y representantes sindicales para anunciar una exención en el cobro del impuesto a las ganancias sobre el medio sueldo extra que se cobra a fin de año (el medio aguinaldo de Navidad) para los trabajadores que cobran menos de 35 mil pesos (unos 4.200 dólares) mensuales.

Su anuncio se ha producido después de que las principales centrales sindicales opositoras amenazaran con paros en protesta por el rechazo del Gobierno a sus reclamos.

Aunque las centrales han echado marcha atrás y están reconsiderando las protestas tras escuchar a Fernández, el Gobierno insiste en que la medida no responde a “presiones” de los sindicatos sino a la voluntad de la presidenta, que toma sus decisiones siempre “por convicción”.

La decisión “no implica responder a una presión gremial, sino que implica un análisis meticuloso de la oportunidad de la decisión, el mérito y la conveniencia”, asegura el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

Por presión o por convicción, la iniciativa trata de favorecer la paz social para un final de año que se presenta cargado de conflictos para Fernández, con una economía en recesión, una inflación inmanejable y el fantasma de la crisis de la deuda.

En otro intento de introducir certidumbre al sistema, el ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció este jueves el pago anticipado del bono público Boden 2015, cuyo vencimiento se cumple el próximo año, con el objetivo de “cortar toda especulación” sobre la capacidad de Argentina de pagar sus deudas.

El 31 de diciembre expira la cláusula de las reestructuraciones de deuda a la que se remite el Gobierno argentino para desobedecer el fallo del juez neoyorquino Thomas Griesa, que obliga a Buenos Aires a pagar 1.300 millones de dólares más intereses a fondos de inversión que rechazaron los canjes de títulos en mora desde 2001.

La denominada “cláusula RUFO” habilita al 92,4 % de los acreedores que aceptaron adherirse a los canjes de 2005 y 2010 a hacer reclamos judiciales si Argentina concede a los acreedores que rechazaron la reestructuración una mejora de las condiciones de pago de las deudas.

Con el fin de la vigencia de esa cláusula, a principios del año próximo Fernández podría buscar una salida negociada al conflicto con los fondos especulativos que abriría las puertas a una entrada de divisas y aliviaría las reservas internacionales, que se mantienen por debajo de los 30 mil millones de dólares desde el pasado enero.

“Si el año que viene arregla, podría recomponer las divisas, porque necesita divisas para tener la oportunidad de que la economía crezca”, dijo a Efe Fausto Spottorno, economista jefe de la consultora Orlando Ferreres.

Incluso superadas las dificultades económicas, Cristina Fernández enfrenta todavía un serio problema: las investigaciones abiertas por la Justicia por supuestas irregularidades en Hotesur, gestora de un hotel de lujo en la sureña provincia de Santa Cruz y de la que la mandataria es accionista.

Un expediente que, de avanzar, se sumaría a los abiertos contra el vicepresidente, Amado Boudou, por corrupción, y otros altos funcionarios del Ejecutivo a los que en las últimas horas se añadió la decisión de un juez de citar a declaración indagatoria al ministro de Justicia, Julio Alak, por su gestión en el directorio de Aerolíneas Argentinas.

“El Poder Judicial está tomando medidas más arriesgadas porque hay una percepción de final de ciclo y se atreven a hacer cosas que quizás en otro momento no se hubiera atrevido a hacer”, apunta Virginia García Beaudoux, codirectora del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano.

Un complejo final de ciclo que Cristina Fernández tendrá que comandar con extremo cuidado hasta las elecciones del próximo octubre.