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EEUU anuncia regla para facilitar rechazo de “green cards”

El Gobierno del presidente Donald Trump a través del Departamento de Seguridad Nacional determinará si el migrante se ha convertido en una “carga pública” para la Administración.

EFE Lunes 12 De Agosto, 2019 · 08:53 am
EEUU anuncia regla para facilitar rechazo de “green cards”
Permisos de residencia, conocidos como "green cards" / Getty Images
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El Gobierno del presidente estadunidense, Donald Trump, anunció este lunes una norma que reduce la cantidad de inmigrantes legales a los que se les permite ingresar y residir en el país, al facilitar el rechazo de las solicitudes de los permisos de residencia, conocidos como “green cards” (“tarjetas verdes”), o algunos visados.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) dio a conocer este lunes una versión de la regla, que entrará en vigor a partir del miércoles, que está diseñada para que los inmigrantes con bajos ingresos no puedan llegar o permanecer en el país.

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Estados Unidos podrá determinar si el inmigrante se ha convertido en una “carga pública” para la Administración, es decir, si “depende principalmente” de la asistencia de los fondos públicos, y luego cancelar su estatus de inmigración.

Bajo esta nueva regla, un inmigrante legal que vive en Estados Unidos será definido como “carga pública” si recibe “uno o más beneficios públicos designados” durante más de 12 meses en un período de 36 meses.

“En el caso de recibir dos ayudas públicas al mes, se contará como dos meses”, detalló el director interino de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), Ken Cuccinelli, en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Estos beneficios públicos incluyen asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda y programas que subsidian el elevado costo de los medicamentos en Estados Unidos, entre otros.

“Nuestra normativa evita que los extranjeros que puedan convertirse en una carga pública vengan a Estados Unidos o que se queden aquí y obtengan una ‘green card’ (permiso de residencia permanente”), subrayó Cuccinelli.

Con esta nueva norma, el Gobierno de Trump reducirá también la cantidad de inmigrantes legales a los que se les permite ingresar y residir en el país, al facilitar el rechazo de las solicitudes de las “green card” (permiso de residencia permanente) o de algunos visados.

Así, las autoridades podrán determinar si el inmigrante puede convertirse en un momento dado o se ha convertido en una “carga pública” para la Administración, es decir, si “depende principalmente” de la asistencia de los fondos públicos para subsistir, y luego cancelar su estatus migratorio legal.

“A través de la nueva regla de carga pública, la Administración de Trump está reforzando los ideales de autosuficiencia y responsabilidad personal. Pretende asegurar que los inmigrantes puedan mantenerse a sí mismos y tener éxito aquí en Estados Unidos”, dijo Cuccinelli.

De este modo, una persona poseedora de la tarjeta de residente permanente o de algún tipo de visado conseguido por la vía legal podría ver afectada su situación en el país en caso de no poder mantener su economía personal sin ayudas públicas.

La nueva medida, no obstante, no afectará a los refugiados, asilados y víctimas de violencia doméstica y tráfico de personas que residen en Estados Unidos.

Pero también puede determinar la concesión de un visado legal al cambiar los criterios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a la hora de interpretar si un extranjero “es probable que se convierta en cualquier momento en una carga pública”.

De acuerdo al Gobierno, la regulación entrará en vigor a partir del próximo 15 de octubre.

Se espera que la regulación anunciada este lunes enfrente demandas legales en los próximos días, por lo que su implementación final podría retrasarse varios meses o, incluso, nunca producirse si la Justicia estadounidense así lo considera.

De hecho, grupos defensores de los inmigrantes han defendido que esta regla discriminaría a los inmigrantes de los países más pobres, mantendría a las familias separadas y alentaría a los residentes legales a renunciar a ayuda pública que probablemente necesiten para subsistir.

Estas organizaciones también aseguran que la normativa penalizaría a los inmigrantes con visado de trabajo que necesitan alguna asistencia pública de manera temporal.