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Alertan por violencia en torno a Selva lacandona y Biósfera Montes Azules, Chiapas

La Red por la Paz, que señala haber constatado en misiones que han desarrollado a la zona, que los poblados de San Gregorio, Salvador Allende y Ranchería Corozal acordaron con la Comunidad Zona Lacandona y ante instancias de gobierno federal y estatal, así como con instituciones del sector ambiental gubernamental, el inicio del procedimiento necesario para la regularización de su estatus jurídico agrario.

Rocío Méndez Martes 27 De Mayo, 2014 · 22:20 pm
Alertan por violencia en torno a Selva lacandona y Biósfera Montes Azules, Chiapas
Foto archivo

En la Selva Lacandona y la Biósfera Montes Azules, se advierte un “clima de inseguridad y escalamiento de conflicto” señalan integrantes de la “Red por la Paz” -como el Comité de Derechos Humanos “Fray Pedro Lorenzo de La Nada” (CDHFP); el Centro de Derechos Indígenas A.C. (CEDIAC); o Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ). Desde el 14 de mayo de este 2014, asegura la la Red por la Paz, opera “la II Fase del Operativo Frontera Sur en cinco municipios del estado de Chiapas, ubicados en la zona en conflicto, y en el que participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Armada de México, PGR, PF, INM y las policías estatal y municipal.”

La Red por la Paz, que señala haber constatado en misiones que han desarrollado a la zona, que los poblados de San Gregorio, Salvador Allende y Ranchería Corozal (pertenecientes a la organización Aric Independiente y Democrática A. C.) “acordaron -por vía dialogada y pacífica desde 2010- con la Comunidad Zona Lacandona (CZL) y ante instancias de gobierno federal y estatal, así como con instituciones del sector ambiental gubernamental, el inicio del procedimiento necesario para la regularización de su estatus jurídico agrario.”

Los organismos de la Red por la Paz expresan su “preocupación” de que se tomen acciones gubernamentales que resulten en “estrategias violatorias a los derechos de los pueblos (como sucedió entre el 2003 y el 2012) con la posible implementación de desalojos forzosos de familias y comunidades y así como la probable detención de autoridades locales y líderes del movimiento.

La Red por la Paz apela “por procesos y mecanismos que respeten los derechos humanos de los actores involucrados en los conflictos -en particular, los derechos colectivos de los pueblos indígenas-, así como por todas aquellas iniciativas pacíficas que procuran la dignidad de los territorios, pueblos y personas”.

También, la Red por la Paz expresa su rechazo a “la privatización de los territorios indígenas y de sus bienes naturales y la intervención de actores externos (estatales y no estatales) que rompen los procesos de diálogo y construcción de acuerdos entre pueblos, comunidades y organizaciones”, así como a “las políticas y estrategias de militarización y criminalización de la protesta social en los estados de la frontera sur de México, y de manera particular, en las zonas de conflicto, que vulneran a las comunidades indígenas, principalmente a niñas, niños y mujeres.”

“Nos pronunciamos por procesos incluyentes en el manejo, conservación y administración de la Reserva de la Biósfera Montes Azules y de las otras seis Áreas Naturales Protegidas de carácter federal existentes en la Lacandona, cuya preservación es fundamental para el bienestar, la vida presente y futura de la humanidad, de nuestro país y de las comunidades indígenas que la habitan. Por eso, ellas deben estar plenamente implicadas en los diagnósticos, ordenamientos territoriales, planes de manejo y en todo el diseño e implementación de estrategias integrales para la sustentabilidad de la comunidad de vida,” precisa la Red por la Paz  al expresar su “solidaridad” con los pueblos zapatistas y la Junta de Buen Gobierno ubicada en la Realidad, señala que se suman “al homenaje al maestro Galeano” y saludan “el anuncio de una nueva etapa” para el EZLN.

Según la Red por la Paz, en 1972 “una decisión presidencial adjudicó de forma jurídicamente cuestionable, 614 mil hectáreas de selva chiapaneca a 66 familias lacandonas, sin tener en cuenta a cientos de familias de otros pueblos indígenas que también habitaban ese territorio y que desde entonces permanecen en amenaza de ser desalojadas de sus tierras.” Seis años después, al convertir parte de este territorio en Reserva de la Biósfera de Montes Azules, “la presión para impedir la regularización de los demás pueblos se agudizó y su reubicación o desalojo forzoso ha sido la respuesta gubernamental.”

En abril de 2014, “se ratificó el acuerdo entre la Comunidad Zona Lacandona y la Aric Unión de Uniones Independiente y Democrática, en el que se reconoce el derecho agrario de tres poblados asentados esta región,” dice la Red por la Paz.

Sin embargo, señalan los organismos de la Red por la Paz “desde el pasado 28 de abril distintos eventos han ido escalando el clima de violencia, tensión y conflicto en torno de la delimitación de la llamada Brecha Lacandona y la Biósfera Montes Azules; las comunidades y pueblos indígenas que habitan en esa región han ido construyendo iniciativas desde hace más de 30 años, “con el interés de contar con el reconocimiento legítimo de su lucha y derechos agrarios y autonómicos.”

Sin embargo, agrega la Red por la Paz, “estas propuestas se ven amenazadas por la presencia de intereses económicos y de ambientalistas ajenos a los pueblos involucrados y por el clima de confusión, impunidad y violencia que se vive en el núcleo original y principal del conflicto armado no resuelto.” La agrupaciones enmarcan en este ambiente el asesinato de José Luis Solis López, base de apoyo zapatista el pasado 2 de mayo.

La Red por la Paz destaca que “el pasado 29 de abril, en la comunidad de San Javier, Municipio de Ocosingo, se suspendió la Asamblea de Bienes Comunales de la Zona Lacandona, cuando un grupo de personas interrumpieron de manera violenta su desarrollo.” En ese marco se informó del “secuestro” de Julia Carabias, ex secretaria de medio ambiente, académica y fundadora e integrante de Natura y Ecosistemas Mexicanos AC ONG dedicada a la conservación de recursos naturales; sin embargo, la Red por la Paz aclara que “integrantes de la comunidad lacandona y otros sectores de la sociedad civil, señalan a Carabias “como responsable de generar división entre sus integrantes e introducir proyectos orientados a la privatización de la zona.”

En este ambiente se efectuó la detención del asesor de la Comunidad Zona Lacandona, Fernándo Gabriel Montoya Oseguera, a quien la procuraduría estatal en Chiapas señaló como “autor del secuestro de Julia Carabias” y finalmente lo consignó como “probable responsable del delito de atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado” en que habría incurrido al tomar la alcaldía de Altamirano en enero de 2001; el hecho es considerado por los pueblos como una “criminalización del proceso en el que la comunidad lacandona busca tomar decisiones respecto al territorio que le fue adjudicado décadas atrás,” concluye la Red por la Paz.