La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol por sus siglas en inglés) emitió la ficha roja para localizar a los dueños del pozo minero El Pinabete, lugar en el que se encuentran atrapadas 10 personas, mientras que el Instituto Nacional de Migración (INM) ya emitió la alerta migratoria.
La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que al no haberse presentado a la audiencia de imputación, un juez libró órdenes de aprehensión en contra de en contra de Cristian Solís Arriaga, quien se encontraba explotando el pozo, así como de Arnulfo Garza Cárdenas y Luis Rafael García Acuña, quienes son los propietarios de la empresa El Pinabete.
García Acuña es identificado como hijo de Aída Acuña Cruz, quien ocupó el cargo de contralora durante la administración de Tomás Yarrington como gobernador de Tamaulipas.
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A su vez, Solís Arriaga tramitó juicio de amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito con residencia en Coahuila, el cual le fijó el pago de una garantía de 500 mil pesos, sin que a la fecha se haya hecho el depósito, por lo que la orden de aprehensión sigue vigente.
Asimismo, la FGR dio a conocer que se practicó un cateo a las oficinas de la compañía El Pinabete, cuyo inmueble fue asegurado, al igual que documentación y equipos de cómputo. También se decretó el aseguramiento del predio conocido como Las Conchitas Norte, ubicado en la comunidad Las Agujitas, municipio de Sabinas, Coahuila.
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Detalló que a la fecha ya se recabaron diversos datos de prueba, consistentes en 25 entrevistas a víctimas directas e indirectas y testigos quienes son trabajadores del pozo y a personas consideradas como probables responsables.
Se obtuvieron ocho dictámenes periciales, entre los que destacan: de criminalística de campo para obtener los indicios asociados al hecho; de fotografía forense, de arquitectura, ingeniería y topografía, con el propósito de esclarecer las circunstancias que originaron el colapso en el pozo minero.
Se solicitaron y se obtuvieron 32 informes a diversas autoridades, entre los que destacan los de las secretarías del Trabajo, y del Medio Ambiente, así como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de la Comisión Federal de Electricidad, y de Protección Civil, además de que se solicitó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) información respecto de la empresa y trabajadores registrados.