Un juez de distrito le concedió, el 8 de marzo de este año, la suspensión definitiva a Rosario Robles contra la orden de aprehensión que se libró en su contra en octubre de 2020 por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por el desvió de 77 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) como parte de la Estafa Maestra.
La medida cautelar no implica que el mandamiento judicial haya sido cancelado, toda vez que es para el efecto de que Erik Zabalgoitia Novales, titular del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en materia penal, esté en condiciones de entrar al análisis y estudio de fondo del asunto.
Además, la suspensión no impide a la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutar la orden de captura, ya que las órdenes de aprehensión por delitos con prisión preventiva oficiosa no pueden ser suspendidas en su cumplimentación, por lo que, de darse este caso, la libertad de la ex jefa de Gobierno deberá quedar a disposición del juzgado de amparo.
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El juzgador programó la audiencia constitucional para el 17 de agosto, fecha en la que resolverá si le concede el amparo a la ex titular de Sedatu, quien el próximo 13 de agosto cumple tres años recluida en el penal femenil de Santa Martha.
A fines de octubre de 2020, Iván Zeferín Hernández, juez de control con residencia en el penal del Altiplano, libró la orden de aprehensión contra Robles Berlanga y otros 10 ex funcionarios de la Sedesol y de la Universidad Autónoma de Morelos.
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La imputación trata sobre el destino que le dieron a los 77 millones 847 mil pesos que recibió la Universidad de la Sedesol, en un convenio del 1 de septiembre de 2014 para levantar encuestas de beneficiarios de programas sociales en Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Estado de México y Veracruz.