La Fiscalía General de Justicia capitalina reiteró que el regreso de Miguel Ángel “V”, ex titular de Capital Humano en la administración de Miguel Ángel Mancera, obedece a la utilidad en los datos aportados para la investigación por el desvío de aproximadamente mil millones de pesos.
El vocero de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara López, informó que tampoco existe impedimento físico o de salud para que el imputado regrese al Reclusorio Norte, puesto que no tiene padecimiento crónico que amerite permanecer en un lugar distinto a la reclusión.
El ex funcionario se acogió inicialmente al criterio de oportunidad por lo que se convirtió en un testigo colaborador, cuya función era aportar información útil y además relevante para ser utilizada como pruebas ante el Tribunal Superior de Justicia.
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Sin embargo, al calificar los datos aportados por el ex director de capital humano de la Secretaria de Finanzas, resultaron insuficientes y en consecuencia, la autoridad judicial ordenó el cambio de medida cautelar, por lo que regresó a su estado de reclusión.
“Es fundamental recalcar que el ex servidor público posiblemente ocasionó un daño irreparable a la hacienda de la Ciudad por cerca de mil millones de pesos”, señaló.
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“De manera dolosa, en uso del cargo en el que se encontraba, posiblemente organizó una red fraudulenta junto con personas servidoras públicas allegadas a su puesto, con objetivos de enriquecimiento ilícito”.
“De tal manera que, a través de posibles simulaciones de contratos, traslados en efectivo, desvío de recursos de la nómina de trabajadores del Gobierno de la Ciudad, el ex servidor público probablemente dirigió uno de los fraudes que más daño le hayan provocado a las finanzas púbicas capitalinas”, puntualizó el vocero de la FGJ.
Las investigaciones de la FGJ revelan que Miguel Ángel “V” estableció un modus operandi para desviar los recursos que consistió en tres pasos.
El primero, aprovechó una función que contempla la ley denominada “Solicitud de devolución del pago del impuesto sobre la renta (ISR)”.
Lara López explicó que un grupo de servidores públicos coludidos, simuló hacer dicha actividad a través de la contratación de tres empresas, las cuales recibieron un pago. A cambio, este grupo fue conformado por personas de la total confianza de Miguel Ángel “V”, algunas de ellas con parentesco y conocidos entre ellos mismos.
El dinero desviado, dijo, fue de aproximadamente mil millones de pesos, el pago por los supuestos contratos fue distribuido a ocho empresas, hoy desaparecidas, mismas que posiblemente cobraron el 20 por ciento de los recursos desviados, a cambio de su apoyo en esta simulación.
El objetivo era realizar una distribución millonaria entre servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal y otros actores.
En el segundo modo de operar, el mismo grupo de funcionarios realizó una ilegal autorización, gestión y entrega de diversas cantidades de dinero a servidores públicos de la misma área de Gobierno.
Este desvío de recursos se realizó a través de supuesto pago en efectivo de la nómina y de fondos de ahorro de los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal.
Los recursos posiblemente fueron trasladados en efectivo para ser entregados a los trabajadores por medio de supuestos pagadores habilitados, pero el dinero no fue entregado completamente.
Los supuestos pagadores habilitados, eran servidores públicos integrantes del grupo de Miguel Ángel “V”, el mismo que autorizó la entrega.
El tercer modus operandi es el de la Central de Abasto, donde Julio César “S”, como administrador general, posiblemente realizó despojos de bodegas con clausuras para venderlas de forma ilegal y obtener el dinero de la transacción.
En la CEDA se celebraron concesiones irregulares con empresas para el cobro de estacionamientos aéreos, baños y diversos servicios.
El incremento ilícito de los ingresos de Julio César “S” asciende aproximadamente a 47 millones 874 mil pesos.
@amarilloalarcon