HOMICIDIOS DE MUJERES

Exige mamá de Sofi y Esme presentación de servidores públicos por la muerte de sus hijas

La madres de las adolescentes sostuvo una reunión con la titular de la Fiscalía General de Justicia para abordar el tema.

Padres de Esme y Sofi, exigen justicia por la muerte de sus hijos.
Padres de Esme y Sofi, exigen justicia por la muerte de sus hijos. Créditos: Cuartoscuro
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María Elvira Canchola Montoya, mamá de las dos jóvenes que murieron al caer en una coladera destapada en la alcaldía Iztacalco, exigió a la Fiscal Ernestina Godoy, que se dé con el responsable o responsables de vigilar y verificar que esos espacios estuvieran en óptimas condiciones. 

Pidió que la sanción no se reduzca sólo a la empresa encargada del mantenimiento de esa infraestructura, pues hay personas involucradas, que debieron firmar los permiso o estar pendientes de que el mantenimiento se cumpliera. 

Rechazó la versión de la Fiscal Godoy, en el sentido de que sólo se podrá sancionar a la empresa encargada del mantenimiento de dichas coladeras, y no a una persona física, ya que esto borraría de un plumazo la responsabilidad de autoridades, que también deben velar y estar al tanto para prevenir este tipo de tragedias. 

Recientemente María Elvira Canchola Montoya sostuvo una reunión con la titular de la Fiscalía General de Justicia para abordar el tema y la integración de la carpeta de investigación.

En un comunicado, la mamá de Esmeralda y Sofía aclaró que no es su intención obtener una reparación económica, puesto que eso no devolverá la vida a sus hijas, de 16 y 23 años, y en memoria de ellas pidió que se busque y sancione a la persona física que causó la muerte de ambas. 

Un hecho así, dijo, no puede quedar impune y tampoco se puede reducir a un tema en el que sólo figure una empresa como responsable del trágico hecho, ya que se estaría en el supuesto de que la autoridad renuncia a su papel de rector en las áreas públicas que le competen. 

Después de escuchar a la fiscal, María Elvira Canchola Montoya aceptó la representación del jurista Teófilo Benítez Granados, por la sensibilidad que lo caracteriza en el trato con las víctimas y su amplio conocimiento en la materia penal. 

"Cuando vimos a la señora Godoy, de plano me dijo, le voy a ser honesta aquí se va a castigar a una empresa, por lo que yo entendí, aquí no puede haber una persona física que sea castigada, y digo pero por qué no, es que es imposible, y le digo yo veía imposible estar aquí, y aquí estoy, o sea no me puede decir que no se puede encontrar al responsable cuando sabemos que se puede, a lo mejor usted dirá, de que le sirve tener al responsable, yo quiero saber quién fue el responsable, yo no sé si no se pueda, pero mis niñas eran mi mundo, y para mí no hay imposible, ellas eran toda mi vida y si ya no están ellas, tengo el tiempo del mundo, así me lleve años, no sé, yo quiero que se haga justicia para mis niñas", mencionó en el comunicado de medios.

La señora María pidió también que se le incluya en el Registro Nacional de Víctimas, pues que la Ministerio Público tiene un criterio distinto y no la considera como víctima indirecta de los acontecimientos donde fallecieron sus hijas. 

El penalistas Teófilo Benítez dejó en claro que el caso no debe verse con ningún interés económico, sino por el contrario acceder a los mecanismos de justicia y al derecho humano de conocer la verdad y la no repetición de los hechos. 

"Es evidente la responsabilidad del Gobierno central y de la Alcaldía de Iztacalco en el lamentable hecho que enlutó a la familia de ambas jóvenes y ninguna reparación económica les restituirá la vida, pues además se generó un daño moral y emocional irreparable,  por lo que buscamos la real acción de la justicia", indicó. 

Subrayó que su despacho cuenta con una estrategia definida para poner en el banquillo de los acusados a los servidores públicos que por acción o por omisión, generaron las condiciones para que Esmeralda y Sofía perdieran la vida.

Aseguró que debe haber una corresponsabilidad del gobierno y la Fiscalía para actuar y hacer valer su poder de autoridad, sobre los funcionarios implicados.