Tras el hallazgo de 383 cuerpos en un crematorio de Ciudad Juárez, la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó los hechos, tiempo que llamó a realizar una investigación eficaz.
La agencia de Naciones Unidas recordó que que se deben respetar los derechos de las personas fallecidas, conforme a los estándares del relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales.
Al respecto, el relator se remite al informe sobre ejecuciones extrajudiciales Sumarias o Arbitrarias, emitido por Morris Tidball-Binz, en abril de 2024, en el que se reconoce las tradiciones de los grupos sociales de honrar a los muertos, de ahí que en los casos de muertes ilícitas, los cadáveres de las víctimas atestiguan la vulneración del derecho a la vida y, por lo tanto, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de proteger y salvaguardar a las personas fallecidas.
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El relator destaca que la dignidad de la persona y el respeto debió a su cuerpo y a sus restos humanos no se extinguen con la muerte, por lo que alterar esos procesos, mediante la protección indebida o el trato irrespetuoso de los muertos, hace daño a las personas y las sociedades y, en el caso de las muertes ilícitas, socava o impide el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
Además, muestra las obligaciones del Estado de proteger a los fallecidos para hacer efectivos los derechos de las familias y para garantizar que todas las muertes potencialmente ilícitas se investiguen a fondo.
En ese documento, el relator especial hace una serie de recomendaciones a los Estados parte, entre éstas, al trato digno de las personas fallecidas de manera potencialmente ilícita; armonizar la protección de los muertos con base en el derecho internacional a través de leyes, reglamentos, protocolos, directrices y mecanismos de aplicación, entre otras.