Buscan en CDMX endurecer sanciones para quienes abandonen y abusen de adultos mayores

El diputado de Morena, Nazario Norberto Sánchez propuso aumentar a cuatro años de prisión.

Buscan CDMX endurecer sanciones para quienes abandonen y abusen de adultos mayores/ fotos: Gobierno CDMX
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El diputado local de Morena, Nazario Norberto Sánchez, propuso aumentar a cuatro años de prisión la penalidad a aquellos familiares que los dejen sin cuidados o sin el auxilio requerido.

Para ello, presentó ante el Congreso capitalino un proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al Artículo 156 del Código Penal para la Ciudad de México, para que se agrave el delito de omisión de auxilio y aumentar la pena a una tercera parte, cuando esta conducta se ejerza en contra de las personas con discapacidad y personas adultas mayores.

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El legislador detalló que actualmente, este ilícito, que consiste en abandonar a una persona incapaz de valerse por sí misma, (adultos mayores y/o personas con discapacidad) pese a tener la obligación de cuidarla, tiene una penalidad de 3 meses a 3 años de prisión si no resultara lesión o daño alguno.

En este contexto señaló que en México el 16% de los adultos mayores sufre de abandono y maltrato; mientras que el 20% vive en soledad y olvido.

Por otra parte, la diputada de Morena, Esperanza Villalobos Pérez presentó una iniciativa por la que se añade un párrafo tercero al Artículo 211 Bis del Código Penal para el Distrito Federal para castigar de manera más severa a quien abuse de la confianza de los adultos mayores.

El objetivo, añadió la legisladora, es evitar la usurpación de identidad de este sector de la población y que a su nombre se lleven a cabo delitos o sean víctimas de fraudes.

En tribuna, la legisladora explicó que se busca aumentar en una mitad las penas previstas en el primer párrafo de dicho Artículo a quien robe la identidad de una persona adulta mayor, el cual establece una sanción de uno a cinco años de prisión y de cuatrocientos a seiscientos días multa.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y aprobación.