El contralor de la Ciudad de México, Eduardo Rovelo, advirtió que cada peso destinado a la reconstrucción de la capital por el sismo del 19 de septiembre de 2017 se está revisando y no van a encubrir a nadie, incluso a quienes tengan responsabilidades serán llevados a procesos penales, porque han detectado anomalías administrativas y económicas.
Al comparecer ante la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción de la Ciudad de México, explicó que están investigando a ocho funcionarios capitalinos y delegaciones por su probable responsabilidad en la construcción deficiente del Colegio Enrique Rébsamen, en donde fallecieron 19 niños.
“Decirles con toda claridad que quien haya hecho un uso indebido de los recursos públicos y que sea notoriamente comprobado, pues obviamente tendrá una responsabilidad administrativa, incluso penal… En el caso de que sea calificada como falta grave pues obviamente la justicia administrativa te da hasta 20 años de inhabilitación y si es una cuestión de responsabilidad penal, será el fiscal anticorrupción o el fiscal de servidores públicos quien determine la pena”
Detalló que la fiscalización de los 8.7 millones de pesos que hasta el momento se han destinado a al sismo del 19 de septiembre tiene dos etapas: la emergencia y la etapa de reconstrucción que comenzó este año, en el caso de los recursos del fideicomiso cuentan con un área de contraloría alterna.
El contralor de la capital reconoció que prevén dos superávits, el primero por el incumplimiento de proveedores y contratistas, y el segundo por 30 millones de pesos que no se utilizaron para implementar el Sistema local anticorrupción.