La ministra Margarita Ríos Farjat dio a conocer su proyecto de resolución en el que propone amparar al hoy coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal Ávila, contra los comentarios que hizo en su contra la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román.
En caso de aprobarse, la mandataria estatal deberá remover el contenido del programa “Martes del Jaguar” que se transmitió el 25 de octubre de 2022, en el que difundió conversaciones de Whatsapp entre el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas y Monreal Ávila, quien se ofreció a defenderlo por la investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) realizó en su contra.
Por ese motivo, Sansores San Román acusó al exgobernador de Zacatecas de “traidor”, “desleal” y de “traficar con la justicia”.
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En su proyecto, el cual está listado para su discusión en la sesión del 9 de julio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Ríos Farjat argumenta que, como gobernadora, Layda Sansores no cumplió con su deber de constatar en forma razonable los hechos en los que fundamentó sus opiniones, sino que se limitó a difundir información que se obtuvo de forma lícita, además de que no verificó.
Asimismo, subraya que la difusión de la información y opiniones externadas por la gobernadora sí tienen el alcance de afectar los derechos a la privacidad y al honor del senador quien, aun cuando debe tener una mayor tolerancia ante las expresiones que otras personas realicen sobre él, lo cierto es que ese umbral no llega al extremo de permitir que se difunda información cuya obtención lícita está en duda y que, con base en ella se le atribuyan actuaciones irregulares que trasciendan en su imagen ante la colectividad.
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Ante ello, la ministra puntualiza que la información y opiniones difundidas por la gobernadora de Campeche no constituyen un discurso protegido por su derecho a la libertad de expresión. Incluso, subraya que la conversación entre Alejandro Moreno y Ricardo Monreal se presentó de manera selectiva, descontextualizada y contraria a la finalidad de informar.
Finalmente, Margarita Ríos refiere que no es posible concluir que un alto mando de un gobierno tiene permitido emitir cualquier tipo de expresión respecto de otra persona, incurriendo en difusión de material cuya procedencia y licitud es cuestionada y haciendo uso de recursos públicos del Estado, incluso si esa persona también tiene un cargo público.