México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el sacerdocio, advirtió el padre Omar Sotelo, del Centro Católico Multimedial. En los últimos 15 años, han sido asesinados un cardenal, 60 sacerdotes, un diácono, cuatro religiosos, una periodista católica, 30 laicos; además, dos sacerdotes están desaparecidos y cada semana se reportan ataques a 26 templos.
Durante la presentación del estudio "Sotana, sangre y silencio", en El Colegio de México, Sotelo explicó que detrás de estos crímenes no está solo el narcotráfico, sino un crimen organizado que extorsiona, levanta, tortura y asesina a líderes religiosos. Existen al menos 850 reportes de amenazas y extorsiones contra sacerdotes.
Uno de los casos más emblemáticos fue el asesinato de los jesuitas Javier Campos “El Gallo” y Joaquín Mora “El Morita” en Cerocahui, Chihuahua, en 2022. Intentaron proteger a un guía turístico perseguido por un sicario del Cártel de Sinaloa. Días después, los cuerpos de los sacerdotes fueron hallados, y nueve meses más tarde, el autor del crimen apareció ejecutado, sin que el Estado haya hecho justicia.
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Los investigadores del estudio advierten que la violencia hacia religiosos ya puede considerarse endémica, y refleja la ausencia del Estado en muchas regiones, donde el crimen organizado impone su ley. En zonas como Guerrero, Veracruz y Chiapas, los sacerdotes no solo ofrecen servicios espirituales, también brindan apoyo en salud, educación, derechos humanos y hasta empleo, actividades que los ponen en la mira del crimen.
Entre 2010 y 2020 se registraron más de 52 homicidios de religiosos, siendo el sexenio de Peña Nieto el más violento. Sin embargo, los primeros cinco años de esta década ya superan en asesinatos a las décadas de los 90 y 2000. La mayoría de los crímenes no han sido esclarecidos y, en muchos casos, ni siquiera se identifica a un perpetrador.
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Finalmente, los investigadores señalaron que la Iglesia Católica se ha convertido en un nuevo objetivo para el crimen organizado, al igual que periodistas y activistas. Además, denunciaron la invisibilización de la violencia contra religiosas, quienes también enfrentan riesgos sin reconocimiento institucional ni respaldo legal.