Juana Fuentes Velázquez, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación advirtió que se mantiene cerrado el diálogo para analizar a fondo la reforma que impulsa el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Al participar en un foro sobre la reforma al poder judicial organizado por UNE México en la Universidad La Salle, la juzgadora criticó que, en los foros organizados para analizar el tema en el Congreso, “no se ha dejado participar a los de casa”.
“Y llama mucho la atención como se diseña este tipo de foros donde no hay participación del de la casa", indicó.
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La jueza Juana Fuentes, afirmó que al interior del poder judicial ha comenzado la organización para definir las acciones a seguir una vez que la reforma sea aprobada.
Reconoció que están analizando los recursos jurídicos que se tienen disponibles para defender la independencia del poder judicial y no descartó la posibilidad de que haya un paro de labores.
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Por su parte, la magistrada Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, defendió la carrera judicial, al manifestar que es el único camino que existe para garantizar una impartición de justicia de calidad.
Denunció que la reforma que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena al poder judicial parte de un análisis simplista y no plantea soluciones reales para mejorar la impartición de justicia en México.
Es un parche, una reforma a la administración de justicia, exclusivamente a la impartición de justicia, no toca la procuración de justicia, no toca a ninguno de los otros actores, es decir, no toca todas las causas de por qué tenemos un problema en el sistema de justicia de nuestro país”, señaló.
La magistrada advirtió que hacen falta jueces en México, para ello, citó datos del INEGI los cuales reportan que hay 3 jueces por cada 100 mil habitantes, lo que contrasta con la media a nivel mundial que es de 65 por cada 100 mil habitantes.
Por su parte, la jueza Martha Magaña señaló que la reforma impulsada por el gobierno es un secuestro de la justicia independiente.
Indicó que el poder judicial necesita insumos materiales técnicos y humanos para realizar su labor y cumplir con las exigencias de una sociedad que demanda justicia “a grito desesperado”
Insistió en que es necesario que las fiscalías, los policías y los jueces estatales, reciban capacitación constante en temas como el tratamiento a víctimas, cadenas de custodia, detenciones, perspectiva de género, violencia vicaria y violencia económica, así como violencia sexista, para la protección de los derechos humanos.