En la Cámara de Diputados, desde la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se lanzaron reclamos al Gobierno Federal por haber “destruido” el Fondo Minero y utilizar los recursos que acumulaba, de manera discrecional.
El coordinador parlamentario, Rubén Moreira, señaló que a partir de esa decisión, la cual se consolidó en 2021, con la extinción de más de 100 fondos y fideicomisos en distintas ramas de la administración pública federal, se dejó a las regiones mineras sin apoyo económico para reparar daños ambientales causados por la industria extractiva, y para construir Infraestructura.
En un pronunciamiento alusivo, el legislador indicó que en gran parte de la República, en específico en 24 entidades y 250 municipios, sufren las consecuencias de las decisiones “centralistas” tomadas por el Ejecutivo.
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Al eliminar el apoyo que se daba a estados y municipios mineros, sus pueblos quedaron “en inanición“ y la autoridad federal nunca justificó debidamente la extinción.
Aunque justificó la medida con acusaciones de corrupción, nunca lo demostró, recalcó el legislador priista.
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A hacer el reclamo, Moreira Valdez comparó la situación a la que en su momento se vivió en la época del porfiriato, donde los pueblos fueron abandonados, ya que la administración Federal se alió con la “oligarquía mexicana” para sacar provecho particular.
Recriminó que desde la desaparición de fideicomisos, en lo particular, el fondo minero, el manejo de los recursos correspondientes al cobro de derechos a las empresas del ramo quedó en manos de la Secretaría de Economía (SE), a la cual señaló de dar uso discrecional y sin rendir cuentas.
Millones en el Fondo Minero
El coordinador priista recordó que el fondo minero se creó en 2013, como parte de la reforma fiscal impulsada en ese año.
La herramienta acumulaba lo obtenido por el cobro de un impuesto especial de 7.5 por ciento sobre la utilidad operativa de las empresas extractivas.
A partir de ese momento y en adelante, el mecanismo financiero señalado llegó a acumular 22 mil millones de pesos; y cuando fue eliminado, tenía más de 7 mil 400 millones de pesos.
La medida representó un duro golpe para los estados y municipios mineros que dejaron de recibir partidas para remediar el daño ecológico provocado por la industria, mejorar sus espacios públicos y construir obras de infraestructuras social, dijo.
Hizo énfasis que al momento de suprimir los fondos y fideicomisos, acumulaban aproximadamente 68 mil millones de pesos cuyo destino no ha sido claro.
Ello, aunado a que el Gobierno Federal nunca presentó pruebas de los presuntos casos de corrupción que puso como pretexto para eliminar dichas herramientas financieras, insistió el diputado Moreira.