SEGURIDAD

PAN exige dictaminar Ley General de Seguridad Privada; no hay voluntad política, denuncia

l partido asegura que es momento para que el Congreso de la Unión genere certeza jurídica a este sector, dado que al menos 500 mil elementos laboran en condiciones inadecuadas.

500 mil elementos de seguridad privada laboran en condiciones inadecuadas en México.
500 mil elementos de seguridad privada laboran en condiciones inadecuadas en México. Créditos: Cuartoscuro
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Más de 2 mil empresas de seguridad privada operan de manera irregular en el país y 500 mil de sus elementos laboran en condiciones inadecuadas, denuncian diputados federales del PAN.

En conferencia de prensa, Rocío Esmeralda Reza, secretaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados afirmó que no hay voluntad política de Morena, como grupo mayoritario, para aprobar la Ley General de Seguridad Privada que se encuentra pendiente en dicha comisión.

Dijo que se ha quedado a un lado el tema preventivo en materia de seguridad, en el afán de las autoridades federales de impulsar la militarización.

“Se ha quedado de lado esta parte preventiva en relación a como la seguridad pública, la visión que tiene el gobierno federal es en esta pretensión de militarizar las funciones de seguridad pública y ya no hablemos de que deja completamente de lado el tema de la seguridad privada”, advirtió.

Cuartoscuro

Por su parte, Raúl Sapién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada destacó la necesidad de que el Congreso de la Unión genere certeza jurídica a este sector.

Denunció que actualmente policías auxiliares como CUSAEM en el Estado de México o el Servicio de Protección Federal están desempeñando tareas de seguridad privada sin cumplir con la normas vigentes.

Seguridad privada tiene un calibre para el uso de armas y determinado tipo de armas que pueden utilizar, no así las policías auxiliares y complementarias que utilizan una licencia oficial colectiva y que utilizan armas de uso exclusivo del ejército”, indicó.

Sapién Santos dijo que las empresas que operan fuera de la ley no pagan impuestos, ni cuotas patronales, además de que su personal no está debidamente capacitado, lo que se traduce en servicios de baja calidad, y que incluso se comentan abusos.