La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados destacó la iniciativa de reforma penal para establecer que los delitos cometidos en los procesos electorales por el crimen organizado, así como los homicidios de candidatos por parte de organizaciones criminales, no prescriban.
La propuesta del coordinador Rubén Moreira, prevé cambios al artículo 113 del Código Penal Federal y fue turnada a la Comisión de Justicia del recinto, donde está pendiente de dictaminar.
El promovente indicó que se pide declarar imprescriptibles las conductas delictivas señaladas, debido a la gravedad del hecho y sus consecuencias.
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Lo anterior, tiene como fin que esos delitos no dejen de perseguirse en un tiempo determinado, ya que el daño provocado a la sociedad y la democracia es permanente.
Esos crímenes vulneran la voluntad popular de elegir gobernantes y representantes, aunado a que abren la puerta a que el crimen elija y coloque en espacios de gobierno y representación popular, a personas que respondan a sus intereses, es decir, se impone el “narco estado”.
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Frenar al narco en elecciones
Las adiciones propuestas a la norma penal señalan que “los delitos relacionados con la intervención del crimen organizado en el proceso electoral, así como el homicidio de una persona candidata por parte de organizaciones delictivas son imprescriptibles”.
En respaldo a su propuesta planeó que “el crimen organizado se está apoderando (…) de la democracia mexicana”.
Expresó que es cada vez más frecuente la intervención de organizaciones delictivas en procesos electorales, con el fin de controlar la voluntad de elegir gobernantes.
Indicó que entre otras acciones, la criminalidad interviene en procesos electorales “a través de diversas formas de coacción, inmovilización de equipos de campaña, secuestro de casillas electorales, intimidación a los ciudadanos para coaccionar su voto públicamente o por consigna”.
Avance del crimen organizado
Moreira Valdez puso como ejemplo de la intervención del crimen en elecciones, los últimos comicios de gobernador en Michoacán, donde se registraron hechos de intimidación y presión a los electores en al menos cuatro municipios: Múgica, Gabriel Zamora, La Huacana y Nuevo Urecho.
Citó datos de la organización Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, las cuales señalan que México es el cuarto lugar entre 193 naciones, en el índice de crimen organizado internacional.
Lo anterior, por la “sofisticación” con la que actúan los cárteles que se originaron en el país, su grado de influencia en distintos puntos del territorio nacional, aunado a que se fortalecen con el tráfico de armas a nivel internacional.
Agregó que de acuerdo al análisis “Crimen Organizado y el Proceso Electoral 2020-2021”, de la empresa Integralia Consultores, encabezada por el expresidente del organismo electoral, Luis Carlos Ugalde, las instancias delictivas están buscando controlar gobiernos locales para tener al alcance información privilegiada, contar con el resguardo de la policía municipal y allegarse más recursos, en este caso públicos.
Lo anterior, a través de actos de violencia política, financiamiento a campañas, intervención en la selección de candidatos, así como actos de intimidación y coacción de votantes y “operadores políticos”.
Recordó que el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República elaboró un estudio llamado “Asesinatos políticos en el proceso electoral 2021”, el cual refiere que incluso la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet manifestó preocupación por la violencia del crimen asociada a las elecciones de 2021, cuando al menos 91 políticos e integrantes de partidos, asesinados, 36 de los cuales estaban identificados como candidatos.
En esa elección, también se reportaron amenazas, así como ataques a políticos y funcionarios públicos.
La empresa Etellekt Consultores indicó, en su Séptimo informe de violencia política en México, que en el proceso electoral señalado (2020-2021), se registraron mil 66 “delitos globales” o agresiones contra políticos, de los cuáles 102 derivaron en homicidios dolosos.