El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una segunda controversia constitucional en contra del decreto de reformas del llamado plan B que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 2 de marzo de 2022.
El instituto aseveró que mediante este medio de control constitucional defiende no solo su autonomía sino el Estado democrático, ante el cúmulo de violaciones constitucionales detectadas en aproximadamente 200 artículos de la reforma que vulneran 25 disposiciones constitucionales.
El INE solicitó al máximo tribunal del país que otorgue una suspensión y, en tanto se pronuncia sobre el fondo de las controversias, se interrumpa la aplicación de la reforma y, por lo tanto, de sus efectos, de manera particular por lo que hace a la afectación a los derechos fundamentales de quienes integran el órgano electoral y a los derechos políticos de la ciudadanía.
Explicó que la controversia está articulada en cuatro ejes: en primer lugar, la violación al debido proceso legislativo por parte del Congreso de la Unión, lo que representa un franco fraude a la ley que impactó en la calidad democrática de la reforma, pues no respetó el principio de publicidad, ni mucho menos el deliberativo que rige al órgano legislativo.
En segundo término, la vulneración a la autonomía e independencia del instituto por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo.
En tercer sitio, la vulneración a las condiciones de equidad y de otros principios que deben regir las contiendas electorales, ya que esta reforma contiene cambios que afectan la certeza en los procedimientos que conforman el proceso electoral en sus diversas etapas.
Finalmente, la afectación inconstitucional de los derechos laborales del personal del INE que provoca dicha reforma.
El INE enfatizó que tiene plena confianza en que con el análisis constitucional que realizará la SCJN, se restaurará el orden constitucional, al determinar la invalidez de la reforma.