La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al titular de la Secretaría de Marina José Rafael Ojeda Durán, al gobernador de Veracruz Cuitláhuac García y a la fiscal del estado Verónica Hernández por la desaparición forzada de seis personas.
Explicó que el 6 de diciembre de 2013, tres personas se encontraban conviviendo en un establecimiento ubicado en el puerto de Veracruz y que, en las inmediaciones del lugar, se estaba desarrollando un operativo con elementos de la Marina, así como de la Secretaría de Seguridad Pública local y de la entonces procuraduría estatal.
La CNDH indicó que personas uniformadas sacaron del inmueble a las víctimas, les hicieron una revisión física y luego las subieron a los vehículos para trasladarlas a un lugar desconocido.
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El organismo, señaló que el 11 de diciembre de 2013, otras tres personas fueron detenidas en lugares ubicados en la misma colonia donde fueron detenidas las primeras víctimas.
Resaltó que en el periodo en el que ocurrieron los hechos, en Veracruz prevalecía un contexto de despliegue de elementos navales, debido a la implementación de un Convenio de Coordinación para Proporcionar Apoyo en Materia de Seguridad Pública celebrado entre el gobierno de Veracruz y la Semar.
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La Comisión Nacional dijo que logró comprobar que las detenciones de las víctimas fueron arbitrarias, debido a que se llevaron a cabo sin contar con una orden judicial y sin que mediara flagrancia.
Por ello, la CNDH solicitó al titular de la Secretaría de Marina, al mandatario de Veracruz y a la fiscal estatal colaborar en la inscripción de las seis víctimas en el Registro Nacional, así como registrar a 15 víctimas indirectas más y proceder a la reparación integral del daño.
Además, deberán coadyuvar en la presentación de la denuncia que se presente ante los órganos internos de control de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la fiscalía estatal, a fin de deslindar responsabilidades.
Asimismo, deberán realizar, de manera coordinada, un acto de reconocimiento de responsabilidad institucional por violaciones graves a los derechos humanos.