El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite otras siete controversias constitucionales que interpusieron diversos municipios para impugnar el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el cual comprende la primera parte del llamado plan B.
Los medios de control constitucional que ya fueron admitidos son los que interpusieron los municipios de Monclova, Sierra Mojada y Matamoros, de Coahuila; Naucalpan y Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, así como Guanajuato y Comonfort, ambos en Guanajuato.
En su escrito, las autoridades municipales argumentan que las adiciones de los párrafos tercero y cuarto al artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social, les “generan una afectación directa en su autonomía presupuestaria en tanto que los Poderes Legislativo y Ejecutivo Federales se extralimitan o desbordan las facultades que tienen encomendadas constitucionalmente”.
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No obstante, el ministro Pérez Dayán les negó la suspensión, toda vez que combaten normas generales, además de que no se actualiza la excepción establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consistente en que la suspensión puede otorgarse siempre y cuando impliquen o puedan implicar la transgresión irreversible de algún derecho humano.
Agregó que los municipios actores no demuestran de manera alguna la posible transgresión directa a derechos humanos y, por mayoría de razón, que esto resulte de modo irreparable.
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Indicó que una razón adicional para negar la suspensión solicitada, consiste en que las autoridades tampoco hacen referencia a algún acto concreto, individualizado o particular de los preceptos cuestionados respecto del cual pudiera ser procedente la medida cautelar, sino que lo que pretenden es la suspensión de las disposiciones generales combatidas para que no se ejecuten.
Es de mencionar que estas siete controversias se suman a la que interpusieron el Instituto Nacional Electoral y el municipio de Chihuahua, las cuales fueron admitidas a trámite el pasado 28 de febrero.