En la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), integrantes de la bancada del Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, aportaron más elementos para reforzar la acción de inconstitucionalidad presentada en días anteriores por la dirigencia de esa fuerza política, contra el “plan B” de la Reforma Electoral.
Lo anterior a través del recurso “amicus curiae” o “amigos de la Corte”, que cualquier persona puede presentar ante los ministros, si se considera interesado en el asunto impugnado.
El fin es que la Corte cuente con más argumentos para dar “marcha atrás” al “plan b”, subrayó la diputada federal Amalia García.
Refuerza MC acción de inconstitucionalidad
Acompañada por el coordinador en San Lázaro, Jorge Álvarez y más integrantes de la bancada de MC, García Media subrayó que es necesario garantizar la certeza en los procesos democráticos, así como la adecuada operación de las instituciones autónomas de organizar los comicios, afectadas con las disposiciones del “Plan B”.
“Respalda lo que ya se presentó, amigos de la Corte es como se le conoce coloquialmente en nuestro país, y entonces como amigos de la Corte estamos presentando un recurso que respalda, sustenta, fortalece lo que ya ha presentado Movimiento Ciudadano y lo que otros más presentarán”, refrendó la también exgobernadora de Zacatecas.
“Ratificamos, respaldamos, reiteramos que las iniciativas que se están presentando para que se de marcha atrás en ese plan B, puedan ser votadas favorablemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, es la petición a los ministros, remarcó la congresista.
El recurso adicional, agregó el coordinador Álvarez Máynez, fue presentado por diputados federales, y hay otras herramientas similares planteadas por organizaciones sociales, colectivos de feministas, asociaciones por la diversidad y próximamente, lo harán agrupaciones de mexicanos en el exterior.
“Y que vamos a defender hasta las últimas consecuencias los avances democráticos, las conquistas democráticas en México”, junto con el resto de las organizaciones y ciudadanos que están llamando a la Corte a que resuelva las impugnaciones al “plan B” electoral, expresó.
Más pruebas contra el “plan B”
La herramienta legal utilizada, agregaron los promoventes en calidad de “terceros interesados”, incluye información técnica sobre las violaciones al procedimiento legislativo por parte de la mayoría en el Legislativo, al discutir y aprobar la reforma en cuestión.
Entre otras anomalías, refirieron la indebida dispensa de trámites a las iniciativas entregadas por el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), cuyo contenido era desconocido por los legisladores.
También hablaron del incumplimiento del envío a comisiones de dichos proyectos, para su estudio y dictaminación.
En el Senado de la República, dijeron, no hubo debate parlamentario, las minorías fueron excluidas del mismo, en el Pleno de esa Cámara se aprobaron elementos que no contenía la minuta previamente enviada por la Cámara de Diputados, lo que implicó una indebida modificación del proyecto señalado.
Dichas circunstancias, agregaron, compromete jurídicamente la implementación del “plan B”, genera incertidumbre sobre las reglas que aplicarán en los próximos comicios, aunado a que los “vicios convalidados por el régimen”, representan retrocesos en el ejercicio de los derechos político electorales de los ciudadanos, de los partidos y los candidatos.
En el “amicus curiae” expresaron que la reforma en cuestión afecta el avance democrático en el país, implica riesgos para la estabilidad política y social en México y resta certidumbre a los siguientes procesos electorales.
Ciudadano cuestiona a diputados de MC
Durante la entrega del recurso, una persona que pasaba frente a la Corte, cuestionó a los legisladores de MC, respecto a que los cambios al marco legal electoral, no afectan las funciones del Instituto Nacional Electoral (INE), ya que sólo buscan adelgazar la “obesidad” de ese organismo y del Estado en su conjunto.
En respuesta, la diputada García Medina indicó que al contar con menos recursos y con menos personal especializado, las labores del INE, que no solo se encarga de organizar elecciones cada 6 años, sino que interviene en el resto de los comicios que se llevan a cabo en el país, se ven afectadas y disminuidas, lo que resta certeza a dichos procesos.
La certeza, imparcialidad y otros principios que rigen el sistema electoral, recalcó la congresista, están contemplados en la Constitución y afectarlos, es una violación a la ley.