La mayoría en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados cumplió el amago de emitir un pronunciamiento de reclamo y reprobación a la conducción del presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel, durante la sesión de Congreso General, llevada cabo el miércoles 1 de febrero.
En un texto a nombre de los integrantes de la Junta, donde no aparecen las firmas de los líderes parlamentarios que lo respaldan, la mayoría de estos lamentaron que Creel Miranda haya decidido de manera “unilateral” el protocolo a seguir, lo cual dio paso al incidente del acceso de militares armados al complejo parlamentario.
En riesgo, la inviolabilidad del recinto
Advirtieron que la responsabilidad de qué no se cumpliera con la obligación de salvaguardar la “inviolabilidad” de la Cámara de Diputados, fue suya.
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Recordaron que el artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso establece esa condición y señala que toda fuerza pública está impedida de acceder a los recintos del Congreso a menos que el presidente del mismo, de alguna de sus dos Cámaras o de la Comisión Permanente, lo permita
Señalaron que esa conducción propició que la Sesión del Congreso General fuera “accidentada”.
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Reclamos a Creel
Recriminaron que esa decisión se haya tomado sin mediar ningún tipo de acuerdo con el resto de los integrantes de la Mesa Directiva y sin notificar a otros órganos de gobierno de la Cámara como la Junta de Coordinación Política.
Responsabilizaron al presidente de la Cámara de haber invitado a integrantes del Ejército Mexicano a la ceremonia de Congreso, sin el cuidado de garantizar que esa actividad se llevará a cabo con respeto a la ley.
Recordaron que la Escolta del Ejército que llevó acabo los honores a la Bandera ingresó armada al recinto legislativo, teniendo entendido por “recinto” de acuerdo al artículo 25 del Reglamento interno, “el conjunto arquitectónico que alberga la Cámara, incluyendo Salón de Sesiones, edificios de oficinas, patios, jardines, estacionamientos, y demás bienes nacionales destinados para el funcionamiento de la Cámara”.
Acusaron que “con improvisación” y sin acuerdo alguno, Creel haya “impuesto” que los honores a la Bandera se llevarán a cabo en el vestíbulo, argumentando que la ley impide el ingreso de personas armadas al “recinto”.
En lenguaje poco institucional y de corte más político, similar al que emplea la bancada de Morena, los coordinadores agregaron que el presidente de la Mesa Directiva confundió los conceptos de “recinto” y “Salón de Plenos”.
Líderes secundan queja de Noroña
Al secundar los reclamos del vicecoordinador del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández, que durante la sesión de Congreso General pidió se le autorizara el uso de la voz para formular una moción y el presidente Creel no se lo concedió, lo que provocó su molestia, los líderes en San Lázaro calificaron ese hecho como “grave”.
“El presidente contribuyó al desarrollo de una sesión en la que de manera unilateral negó la palabra a un legislador que con pleno derecho solicitaba hacer las aclaraciones que consideraba pertinentes”, indicaron.
En consecuencia, dice el pronunciamiento “la Junta de Coordinación Política manifiesta su postura contra el atropello de los derechos constitucionales y legales de los legisladores y legisladoras y lamenta que el presidente de la Cámara haya conducido la sesión vulnerando las prerrogativas que les corresponden”.
Exigieron al legislador del PAN conducirse en lo futuro, con apego a la Constitución, las leyes y los reglamentos del Congreso, así como garantizar “la unidad” de la Cámara y la inviolabilidad del Congreso.
Asimismo, le demandaron poner por delante los intereses de la Cámara y el Congreso, frente a los intereses particulares o de grupo.
Aunque afirmaron que la Junta de Coordinación reafirma su voluntad de promover el diálogo y el entendimiento entre todas las fuerzas políticas, así como resolver las diferencias con otros órganos de gobierno por la vía de los acuerdos, insistieron en demandar al diputado presidente que evite usar el cargo para dar mensajes a título personal, que arriesguen la institucionalidad en la Cámara y en el despacho de los asuntos parlamentarios.