SCJN

Ministro propone declarar inconstitucional la desaparición del fondo para el cambio climático

El gobierno federal deberá continuar aplicando las normas que se encontraban vigentes hasta antes de la entrada en vigor del decreto impugnado.

El expresidente de la SCJN plantea conceder el amparo al CEMDA.
El expresidente de la SCJN plantea conceder el amparo al CEMDA.Créditos: Ilustrativa / Cuartoscuro
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El ministro Luis María Aguilar Morales propone declarar inconstitucional el decreto de reformas a la Ley General de Cambio Climático, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de noviembre del 2020, con el que se ordenó la desaparición del fideicomiso del fondo para el cambio climático. 

Por este motivo, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) plantea conceder el amparo al Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) para el efecto de que restituya dicho fideicomiso y se reintegren los recursos con que contaba al momento en que fue extinto.

Asimismo, el gobierno federal deberá continuar aplicando las normas que se encontraban vigentes hasta antes de la entrada en vigor del decreto impugnado, ello con el fin de no generar un vacío normativo.

En su proyecto de resolución, el cual se encuentra listado para su discusión en la sesión de la Segunda Sala del miércoles 15 de febrero, Aguilar Morales argumenta que el sistema normativo impugnado es inconstitucional porque el fideicomiso daba intervención únicamente a los órganos cuyas atribuciones y conocimientos técnicos estén ligadas significativamente con la mitigación de los efectos del cambio climático.

Agrega que la normativa que orienta el gasto que deberá efectuar la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) conforme a la reforma impugnada, da directrices esencialmente idénticas a las que preveía la normatividad derogada, por lo que “no se está ante una mejora sustancial a la seguridad jurídica del destino de los recursos”.

Del mismo modo, el ministro señala que “es inexacto” que el fideicomiso operaba bajo un régimen opaco y de discrecionalidad, pues en realidad su operación cuenta con mecanismos de rendición de cuentas previstos en las reglas de operación.

Finalmente, destaca el sistema normativo reclamado es “una medida regresiva en perjuicio del medio ambiente sano”, ya que el “legislador optó por un mecanismo menos adecuado para garantizar la subsistencia de los recursos encaminados a mitigar los efectos del cambio climático, pues al “hacerlos depender del Presupuesto de Egresos de la Federación, su asignación depende de diversas variables como la cantidad de recursos recaudados, la agenda de la administración en turno o, incluso, presiones políticas que pudieran reflejarse en una reducción del presupuesto asignado”.