La postura de los líderes de las bancadas mayoritarias en la Cámara de Diputados, de proceder legalmente contra los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por ordenar ajustes a la sentencia sobre el proceso de selección de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) no es compartida por la bancada del Movimiento Ciudadano (MC).
Ese grupo parlamentario entregó a la Junta de Coordinación Política, sus consideraciones de rechazo al análisis técnico de la Dirección de Asuntos Jurídicos del recinto, donde se sugiere incluso promover juicio político contra los magistrados electorales.
“Únicamente se comparte la opción de dar cumplimiento a la sentencia, toda vez que no se trata de un conflicto entre posturas o fuerzas políticas, sino de la protección de derechos político-electorales de personas que legítimamente pretenden participar en el proceso de selección de consejeras y consejeros del INE”, recalcó.
Incorrecto, lanzar juicio político contra magistrados
En la revisión al documento “Irregularidades en los Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano”, la bancada de MC encontró que ese texto “carece de sentido” en distintas consideraciones.
“Se considera delicado y grave para el Estado de Derecho, que a partir de este incorrecto análisis, se proponga el inicio de un juicio político contra las y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, sentenciaron.
Interpretación jurídica errónea
La fracción coordinada por el diputado Jorge Álvarez, consideró que el área jurídica de la Cámara hizo interpretaciones erróneas con respecto a la sentencia del Tribunal.
Coincidió con la valoración que hicieron los magistrados electorales, en cuanto a que, si bien el acuerdo de la Junta de Coordinación Política sobre la selección de consejeros e integración del Comité Técnico de Evaluación no fue publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara ni el Diario Oficial de la Federación (DOF), sí comenzó a surtir efectos en los hechos.
En consecuencia, era impugnable, ya que podría violentar los derechos político electorales de personas que pudieran aspirar a un puesto en el INE.
Rechazó los argumentos del área jurídica de la Cámara en cuanto a que, las personas quejosas no tenían interés alguno que las validara para impugnar el acuerdo con las bases de la selección de los nuevos consejeros electorales.
Calificó las consideraciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos como subjetivas.
También estimó inadecuados los reclamos de la Cámara, referentes a que la sentencia del Tribunal fue emitida con la presencia de sólo 4 de 7 magistrados, cuando la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, marca que una decisión tomada en esas circunstancias, es legalmente válida.
Desconocimiento del funcionamiento del Tribunal Electoral
El Jurídico del recinto mostró su desconocimiento del funcionamiento del organismo electoral, añadieron los integrantes de la fracción del MC.
Refutaron que la Cámara señalara a los magistrados por un presunto incumplimiento de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y máxima publicidad, cuando la sentencia fue emitida por magistrados con el grado de especialización que exige la ley y el propio Tribunal.
Manifestaron que el Tribunal actuó como garante de la Constitución, al ordenar a la Cámara ajustar un acuerdo y un procedimiento aprobado tanto por su Junta de Coordinación Política como por el Pleno.
Indicaron que el Legislativo no puede señalar “indebida intromisión” del Tribunal, porque las reglas del proceso de selección de consejeros del INE no son facultades exclusivas, sino que es un proceso normado en la Carta Magna.
Expresaron que los señalamientos del jurídico de San Lázaro sobre presuntas afectaciones a la máxima publicidad con la sentencia del Tribunal, son “dogmáticas y genéricas”.
“Todas las propuestas de la Dirección de Asuntos Jurídicos parte del mismo análisis erróneo. Por ello, al no compartir en manera alguna el análisis realizado, consecuentemente no se comparten las propuestas” de respuesta a la sentencia, perfiladas ante la Junta de Coordinación, agregaron.