La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se reunirá la tarde de este lunes 2 de enero de 2023, para dar una respuesta definitiva a la sentencia del Tribunal Electoral, que ordenó modificar la convocatoria a la selección de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y la integración del Comité Técnico de Evaluación.
Los líderes parlamentarios llegarán al encuentro con un análisis jurídico que les da dos opciones para proceder: una es acatar la sentencia.
La otra vía es rechazar el fallo, ir por una controversia constitucional ante la Corte e incluso, promover juicio político contra los magistrados electorales.
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Acatar o controvertir sentencia
La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara preparó un análisis detallado de la sentencia del Tribunal, en el que encontró diversas anomalías.
Detectó irregularidades en la instrucción y el dictado de la sentencia, porque se emitió fuera de los plazos que marca la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, y sin esperar a que la autoridad responsable del acuerdo impugnado, es decir, la Cámara, enviara un informe.
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Se “reencauzaron” los medios de impugnación en materia electoral que dieron pie a la orden de los magistrados, que en primera instancia se turnaron a la Sala Superior del Tribunal, como medio de impugnación, y posteriormente, se admitieron como “juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano".
El acuerdo de la Junta de coordinación impugnado aún no se había publicado oficialmente en la Gaceta Parlamentaria y el Diario Oficial de la Federación (DOF), cuando ya había sido impugnado y el Tribunal admitido los recursos en su contra.
Los ciudadanos promoventes del reclamo tienen “notoria falta de interés legítimo”.
La Sala Superior del Tribunal emitió una sentencia sin que todos sus integrantes estuvieran presentes, ya que cuatro de 7 magistrados resolvieron.
El Tribunal vulneró los principios rectores en materia electoral referentes a la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y de máxima publicidad.
Primera opción
En consecuencia, el área jurídica de la Cámara propuso dos vías para atender la sentencia de los magistrados electorales.
La primera, acatar el fallo, emitir un nuevo acuerdo con la convocatoria a selección de los nuevos consejeros e integración del Comité Técnico de Evaluación.
Distinguir en la convocatoria, como marcó el Tribunal, entre los cargos de consejero presidente y consejeros electorales, y elaborar una quinteta de finalistas separada, para el caso del presidente o presidenta.
Modificar las obligaciones del Comité Técnico de rendir informe a la Junta de Coordinación; que las modificaciones al acuerdo se voten en el Pleno, a inicios del próximo mes de febrero; así como informar a la Sala Superior las acciones realizadas.
En caso de tomar la vía corta, los diputados federales continuarán con el proceso de selección de consejeros como se tenía previsto.
Si la rechazan, “se sentaría un mal precedente en torno a la violación a la Constitución Federal, así como a la intromisión del Poder Judicial en las determinaciones y acuerdos del Poder Legislativo Federal”, dice el análisis jurídico
Opción dos: larga y complicada
La segunda vía para responder al Tribunal, se les planteó a los diputados, es defender las atribuciones de la Cámara por el camino largo y complicado.
Tendrán que presentar un incidente de imposibilidad de cumplimiento de la sentencia; presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte; presentar una queja administrativa contra los magistrados ante el propio Tribunal Electoral.
Incluso, podrían promover juicio político contra los responsables de la sentencia del organismo jurisdiccional, “por violaciones e irregularidades del medio de impugnación en materia electoral”.
Así como ir por un juicio de amparo indirecto por violaciones a la Constitución.
De tomar ese camino, los diputados “defenderían la Constitución”, las facultades de la Junta de Coordinación y la Cámara, “en contra de la indebida intromisión de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación”.
Los contras de tomar esa segunda opción, les plantearon a los coordinadores, serían el incumplimiento de la sentencia, así como hacerse acreedores a una sanción por desacato a una orden judicial, entre otras consecuencias negativas.
Valoración de los integrantes del Comité de Evaluación
Los miembros de la Junta, también deben tomar decisiones con respecto a la integración del Comité Técnico que evaluará a los aspirantes a consejeros electorales.
Deberán determinar si ratifican las propuestas con modificación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que planteó los nombres del investigador Ernesto Isunza Vera; y tuvo que cambiar a María del Socorro Puga Luévano, conocedora en “yoga de la risa”, por la académica Araceli Mondragón González.
También, la del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que nominó a la politóloga y comunicadora María Esther Azuela Gómez, identificada también como Maite Azuela; y al exdirector del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Sergio López Ayllón.
En la anterior reunión de coordinadores, el pasado 28 de diciembre de 2023, la mayoría perfiló impugnar la propuesta de López Ayllón, por haberse manifestado a favor de la marcha del 13 de noviembre del año pasado, en defensa del INE y contra la iniciativa de reforma electoral del Ejecutivo Federal.
Asimismo, está pendiente que la propia Junta de Coordinación designe a los tres notables que se integrarán al Comité Técnico de Evaluación.
En semanas anteriores, se perfiló que la mayoría impulsaría los nombres del columnista del diario La Jornada, Enrique Galván Ochoa, que también tiene afinidades con el Presidente de la República y el partido Morena; de Andrés García Repper Favila, exasesor legislativo de Morena en Tamaulipas; y la exfuncionaria del Gobierno de la Ciudad de México y periodista, Evangelina Hernández Duarte.