Este viernes, la alta comisionada interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif expresó su preocupación por la decisión del Congreso de México de ceder el control de la Guardia Nacional a la secretaría de la Defensa Nacional.
Lo anterior, tras la aprobación por parte del Senado del paquete de reformas legislativas para transferir el control operativo, presupuestario y administrativo de la Guardia Nacional, cuyo carácter civil está consagrado en la Constitución, a la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigida exclusivamente por militares.
México sin una fuerza policial civil
"Las reformas dejan efectivamente a México sin una fuerza policial civil a nivel federal, consolidando aún más el ya prominente papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública en México. Los mecanismos de derechos humanos han señalado claramente que las Fuerzas Armadas sólo deben intervenir en la seguridad pública de forma temporal, en circunstancias excepcionales, como último recurso, y siempre bajo la supervisión efectiva de órganos civiles independientes", remarcó Al-Nashif.
Aunque dijo que la militarización de las fuerzas de seguridad ha ido aumentando de forma constante en México desde 2006, “esto no se ha traducido en una reducción sostenible de la criminalidad, sino que ha provocado un aumento de las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos por las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas”.
Sostuvo que las fuerzas de seguridad deben estar subordinadas a las autoridades civiles. “Es preocupante que las reformas aprobadas no incluyan ninguna disposición que garantice la supervisión civil de la secretaría de la Defensa Nacional, lo que plantea preocupaciones adicionales en materia de derechos humanos, incluso sobre la rendición de cuentas".
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"Hago un llamado a las autoridades mexicanas para que refuercen la supervisión civil en el sector de la seguridad, en consonancia con las normas de derechos humanos", expresó la representante de la ONU.
Considero que la participación y el debate públicos “fueron muy limitados antes de que los miembros de la Cámara de Diputados y del Senado aprobaran la transferencia”.
Finalmente, manifestó su preocupación por otras iniciativas en curso para profundizar aún más la militarización de las fuerzas de seguridad, incluida una reciente propuesta de reforma de la Constitución para permitir el uso de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública hasta 2028.