La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no debería estar interviniendo en el tema de prisión preventiva, contemplada en el artículo 19 constitucional, porque el análisis de la legalidad de esa medida corresponde a Legislativo, manifestó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Juan Ramiro Robledo.
Lo anterior, al pronunciarse en contra de que la medida cautelar señalada sea declarada inconstitucional a través de una decisión del Alto Tribunal.
“La prisión preventiva oficiosa es algo que debemos revisar en la sede del Congreso mexicano, que es facultad del Legislativo modificar la Constitución. Resolver en la Corte que un párrafo de la Constitución no se aplique es prácticamente lo mismo que derogarlo, porque va a ser una orden para los tribunales colegiados y una orden para los jueces de distrito”, de no aplicar disposiciones constitucionales, recalcó.
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En el marco del debate en la Corte, sobre la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa.
Es un “agravio al Poder Legislativo” que los ministros estén abordando el asunto, cuando esto corresponde a los congresistas, abundó.
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Poner límite a derechos humanos
Al dar su opinión sobre los alcances de la prisión preventiva oficiosa y si es violatoria o no de derechos humanos, el diputado Robledo Ruiz planteó su punto de vista particular sobre ese último aspecto.
Indicó que existe una “escuela jurídica” arraigada en las últimas décadas, la cual considera los derechos humanos como un elemento “ilimitado” y que está por encima de cualquier otra disposición legal.
Al manifestarse en contra de esa consideración, explicó que para él, los derechos humanos deben tener límites.
La concepción sobre la supremacía de los derechos, expresó, está “apoderada” del “criterio” en el Poder Judicial desde hace años y hay una parte de la población, entre la que se contó personalmente, a favor de que los derechos tienen límites y no son absolutos.
Por encima de los mismos, abundó, debe haber razones de “Estado” como la seguridad pública.
Derechos y seguridad nacional
En las graves condiciones en que se encuentra el país, donde las amenazas a la seguridad del Estado no vienen de fuera o del exterior, sino del interior, con la operación del crimen organizado, abundó, el combate al crimen se convierte en un asunto de seguridad nacional.
Los ministros de la Corte, dijo, deben ser “hombres y mujeres de Estado”, no solo buenos juristas, abundó.
El congresista de Morena también se pronunció a favor de revisar la lista de delitos a los que el Congreso ha establecido, se les aplica la prisión preventiva oficiosa, como el robo al autotransporte.
No obstante, eliminar esa medida cautelar, sería equivocado y pondría en riesgo, insistió, la seguridad nacional.