El general José Rodríguez Pérez aseguró que no existe motivo, ni justificación legal para que el personal del 27 Batallón de Infantería hubiera participado en la detención de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa durante los hechos registrados el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero.
El mando militar señaló lo anterior el 22 de septiembre de 2017 al rendir su declaración ministerial en vía de ampliación, testimonio que se incorporó en la resolución de Enrique Beltrán Santes, titular del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, quien el 21 de septiembre de este año dictó auto de formal prisión en contra del general y de otros tres militares por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada relacionados con el caso Iguala.
En esa ocasión, Rodríguez Pérez refirió que el hoy sargento Eduardo Mota Esquivel “observó a la distancia” que elementos de la policía municipal de Iguala realizaban “maniobras de detención” de los estudiantes normalistas, quienes habían tomado camiones y realizaban disturbios, motivo por el cual no dio instrucciones, ya que no eran hechos de su competencia.
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Justificó su decisión al argumentar que el artículo primero de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos establece cuáles son sus misiones, dentro de las cuales no se encuentra la seguridad pública, además de que el artículo 28 del Reglamento General de Deberes Militares prohíbe a los elementos castrenses desempeñar funciones de policía o a invadirlas.
No obstante, para el juez Enrique Beltrán las declaraciones de más de 20 testigos, entre los que se encuentra Gildardo López Astudillo, El Gil, representan “un dato de incriminación relevante” sobre el vínculo de los militares con el grupo criminal de Guerreros Unidos.
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El impartidor de justicia determinó lo anterior, pese a que algunos testigos como Neto y Samuel reconocieron que no tuvieron acceso a reuniones, ni a conocer a muchas personas y que se enteraron por “cosas que les contaron”.
A decir del juzgador, al engarzar cada una de las inferencias se crea una verdad, pues cada una tiene su papel incriminador, que aisladas no llegarían a la conclusión buscada.
Agregó que de los medios de prueba no se advierte que los militares hayan realizado la conducta de forma involuntaria, además de que no se está ante un error de tipo, puesto que, por su capacidad de discernimiento, debieron saber que formar parte de una organización delictiva está prohibido por la ley.