La Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica (OTI) expresó su más elevada preocupación por la resolución adoptada en México por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal del país, consistente en permitir que en el marco legal mexicano se consoliden disposiciones que vulneran la libertad de expresión, particularmente en los programas de noticias que se difunden por radio y televisión.
Como resultado de la decisión adoptada por la Corte mexicana, existe el grave riesgo de que los conductores, periodistas, reporteros o cualquier otra persona que intervenga en un programa de noticias, esté obligada a diferenciar entre información y opinión de manera continua e ininterrumpida, una exigencia legal que va en contra de la Convención Americana de los Derechos Humanos y de los criterios o principios adoptados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha establecido claramente que «cuando la Convención proclama que la libertad de pensamiento y expresión comprende el derecho de difundir informaciones e ideas "por cualquier... procedimiento", está subrayando que la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente».
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El organismo destacó que esa mera obligación, junto con las sanciones desproporcionadas y confiscatorias previstas ante posibles incumplimientos, que llegan al grado de prever la suspensión “precautoria” de las transmisiones radiodifundidas de estaciones de radio o canales de televisión mexicanos, o una sanción económica del 3 por ciento de los ingresos anuales por cada infracción, serán un factor que inhibirá el ejercicio pleno de la libertad de expresión en México, además de que en los hechos se constituye como lo que se denomina “censura previa”, una medida que no tiene cabida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
En este sentido, dijo que los miembros de la OTI condenan la regresión que sufren los medios electrónicos de México porque la incierta resolución adoptada por la Corte mexicana, no solo afecta gravemente la libertad para llevar a cabo la actividad periodística y el ejercicio pleno de la libertad de expresión, sino que también afecta el ejercicio pleno de la colectividad a tener acceso la información generada y difundida en libertad.
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"Para la OTI resulta imperativo que el Estado mexicano corrija su marco legal a la brevedad para expulsar de éste cualquier factor que de manera directa o indirecta permita que la libertad de expresión se vea vulnerada; mientras esos factores e espacios de discrecionalidad desmedida estén presentes, las tentaciones de controlar lo que se dice o se deja de decir en los medios electrónicos serán cada vez mayores".
La OTI es un espacio de colaboración, diálogo, reflexión y acción para que las principales empresas de contenidos y de telecomunicaciones de la región iberoamericana y Estados Unidos, contribuyan a promover el desarrollo de contenidos audiovisuales y el acceso a servicios de conectividad en cada uno de los países y mercados en los que éstas participan.
La importancia de esta asociación que aglutina de manera conjunta audiencias y consumidores por cerca de 500 millones de personas e ingresos anuales de más de 127 mil millones de dólares obedece a que las comunicaciones viven una impresionante y constante evolución.
Preocupa a la CIRT decisión de la SCJN
La Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) manifestó su preocupación porque la decisión de la SCJN no privilegió la máxima protección de la libertad de expresión.
La resolución abre la posibilidad de que el Estado mexicano, mediante cambios impulsados vía el Congreso de la Unión, ejerza presión indebida a la radio y la televisión respecto de la información noticiosa que transmiten.
En caso de ser necesario, la CIRT recurrirá a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos para garantizar la libertad de expresión en México.
En una carta firmada por José Antonio García Herrera, presidente del Consejo Directivo de la CIRT, el organismo señala que ante la falta de certeza por la resolución adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión manifiesta su preocupación de que se ponga en riesgo el ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país.
"El Máximo Tribunal de la nación, abre la posibilidad de que mediante cambios al marco legal impulsados a través del Congreso, el Estado mexicano ejerza presión sobre la forma en que se transmite información noticiosa, bajo el pretexto de hacer efectiva una obligación solo a las concesiones de radio y televisión mexicanas de tener que diferenciar entre información y opinión entre otras violaciones a la libertad de expresión", destaca.
Las desproporcionadas sanciones por el incumplimiento a esa disposición que desdibuja la libertad de expresión son otro elemento que se convierte en una amenaza injustificada en contra de la labor periodística y de comunicación en nuestro país. La sola amenaza de su imposición inhibe dicha labor y el ejercicio del más elevado derecho para expresarse con plena libertad. Su presencia en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión generará censura previa, una práctica que no debe ocurrir en México a partir del abuso de controles oficiales, conforme lo dispone el artículo 7o de nuestra Constitución, y que es contraria al espíritu y letra de la Convención Americana de los Derechos Humanos.
Se trata de una obligación que no existe en ningún país con democracia en el que se garantice el ejercicio pleno de todos los derechos del ser humano, pues lejos de ser una mejor práctica internacional, es notoriamente desfavorable para el ejercicio de la libertad de expresión.