Familiares de Luis “V”, ex director jurídico y gobierno de la alcaldía Benito Juárez, preso en el Reclusorio Norte por acusación del delito de enriquecimiento ilícito, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dicte medidas cautelares y de protección a autoridades de la Ciudad de México, por el riesgo que enfrenta tras señalamientos de pertenecer a un grupo delincuencial denominado “Cártel Inmobiliario”, que ahora lo tiene en un área de alto riesgo en el Reclusorio Norte.
En una misiva dirigida a la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, con sede en Washington DC, la defensa de Luis “V”, Adrián Yosef Arellano Regino, en representación del imputado y de su esposa María Guadalupe González Alatorre, solicitaron al organismo internacional la emisión de dichas para ambos, puesto que ella incluso se quedó sin vivienda, por el aseguramiento que hizo el Ministerio Público.
Las medidas son principalmente por la integridad personal; evitar hostigamiento y protección de sus derechos humanos.
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De hecho, María Guadalupe sostuvo que teme por la seguridad de su marido, ya que fue instalado en un área del Reclusorio Norte, donde persiste el peligro.
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“Mi familia y yo estamos sufriendo los excesos de la Fiscalia de la Ciudad de México, no he podido ver a mi esposo por que lo tienen en un área de seguridad en el reclusorio norte destinado a todos los investigados por el narcotráfico.
“Así me lo informaron el personal del reclusorio y que es porque forma parte de un cartel según la Fiscalia. Entonces he presentado una queja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger a la vida de mi esposo, hago responsable al titular de la policía capitalina Omar Garcia Harfuch, de lo que pueda ocurrir a él o a mi familia”, puntualizó María Guadalupe González.
En su exposición de motivos ante la CIDH, familiares de Luis “V” a través de su representante jurídico, expusieron los agravios que a su parecer han sido sistemáticos desde una posición de la jefatura de gobierno hasta la Fiscalía General de Justicia, en una “clara” intención de causar un daño a la persona procesada y al partido político que representa, en este caso Acción Nacional.
Pusieron como ejemplo las menciones que ha hecho la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el vocero de la Fiscalia General de Justicia capitalina, Ulises Lara López, al referirse al imputado y al caso como “Cártel Inmobiliario”.
Plantearon ante la CIDH que esa simple mención no sólo afecta la integridad del acusado, sino que prejuzga el hecho y viola flagrantemente los derechos humanos del ex funcionario, consagrados en la Constitución federal de nuestro país.
Por esa razón, pidieron a la CIDH que se notifique de la presente queja y solicitud de medidas cautelares y de protección a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a la fiscal general de la CDMX, Ernestina Godoy Ramos y al juez de control del Tribunal Superior de Justicia, Júpiter López Ruiz.
En dicha queja se aclaró que tales afirmaciones vertidas continuamente por funcionarios de la Ciudad de México sobre el desarrollo de las investigaciones, éstas aún no se encuentran corroboradas y afectan también a la opinión pública.
@amarilloalarcon