La fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados justificó su rechazo al parlamento abierto sobre la reforma electoral, al señalar que hay situaciones críticas en el país que en realidad merecen atención urgente.
El coordinador de la fracción parlamentaria, Jorge Álvarez, pidió centrar la atención en temas que afectan la vida de los ciudadanos, como la crisis inflacionaria, la ola de inseguridad e incluso, la tardanza en acatar mandatos judiciales derivados de omisiones legislativas.
“Esos temas deben atenderse de manera urgente y no posponerlos más. De lo contrario, esta Cámara detonaría un desinterés absoluto por lo determinado por el Poder del Estado encargado de analizar la constitucionalidad de las leyes, con lo cual se quebranta gravemente todo el estado de derecho”, sentenció.
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Ello, sin olvidar que los congresistas federales pueden ser sancionados por incumplimiento de órdenes judiciales, remarcó.
“Proponemos la existencia de un mayor diálogo y una menor polarización, que nos permita arribar a un consenso esencial para el bienestar de la ciudadanía”, planteó al resto de los líderes parlamentarios en la Cámara.
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Parlamento electoral no es urgente
La agenda particular del Presidente de la República no necesariamente es la prioridad de los ciudadanos, dijo.
“Las reglas que rigen la elección democrática de representantes populares son extremadamente relevantes para la sociedad; sin embargo, se encuentran lejos de considerarse de urgente ni mucho menos más importantes que los importantes temas” señalados, agregó.
Álvarez Maynez destacó que es inadecuado ocupar el tiempo, recursos humanos, tecnológicos y económicos del Legislativo en “desencuentros estériles”, ya que el bloque mayoritario en la Cámara tiene “nula disposición” para llegar a acuerdos.
Recalcó que los cambios electorales propuestos tienen particular relevancia, complejidad, trascendencia jurídica y política, aunado a que implican ajustes constitucionales que no han generado consenso, no contarán con la votación de mayoría calificada necesaria y sobre todo, no son urgentes para el bien de la población, en estos momentos.
Reclamo por desacato al Tribunal
El congresista aprovechó para reclamar que en la Cámara, la mayoría insista en desacatar órdenes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), mientras en el Senado de la República, se están ocupando de evaluar la política de seguridad del Ejecutivo Federal.
" Mientras el @senadomexicano honra su rol constitucional como Poder autónomo, en la @Mx_Diputados se insiste, con la complacencia de los partidos tradicionales, en fungir como oficialía de partes del régimen. El contraste es evidente. Y también vergonzoso”, anotó en su cuenta en Twitter, @AlvarezMaynez.
Replicó información periodística que da cuenta de la decisión de los colegisladores, de analizar la política de seguridad del Gobierno Federal en el marco de la ola de violencia que vive el país, y en contraste, la determinación en San Lázaro, de volver a ignorar la orden del Tribunal Electoral sobre la integración de la Comisión Permanente del Congreso, de la cual su bancada sigue excluida.
Propuesta legislativa sobre temas urgentes
Álvarez Maynez dio a conocer la petición formulada por escrito ante la Junta de Coordinación Política, en la que se pidió emprender acciones legislativas para atender la grave problemática del alza en la inflación y su efecto en los bolsillos de los mexicanos.
Así como atender los pendientes en la Cámara, derivados de resoluciones judiciales cuyas fechas de vencimiento están próximas.
El congresista argumentó que en junio pasado, la inflación llegó a un nivel histórico de 7.88 por ciento, el más elevado en más de 21 años, lo que ha afectado severamente la economía de la población.
Habló de la creciente violencia e inseguridad en el país, que ha dejado como saldo al menos 121 mil 600 homicidios, cifra que supera las muertes violentas registradas durante el sexenio 2006-2012, el del ahora expresidente Felipe Calderón.
También refirió a la crisis económica agravada por la pandemia de COVID-19, así como el preocupante incremento del desempleo, cierre de empresas y pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.