El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe Fuentes Barrera, propone revocar lisa y llanamente el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) con el que le impuso una multa de 448 mil pesos al hoy gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, por las aportaciones irregulares por cerca de 14 millones de pesos que recibió a través de sus familiares durante su campaña electoral.
En su proyecto de resolución, mismo que será discutido la próxima semana, el juzgador considera fundados y suficientes los agravios del mandatario estatal, quien argumentó que la autoridad electoral realizó una indebida valoración de las pruebas y violó el principio de presunción de inocencia, al no existir plena convicción de la existencia del hecho ilícito que se le imputó.
Al respecto, Fuentes Barrera explica que el INE realizó una indebida motivación, toda vez que llevo a cabo una inexacta concatenación de las pruebas indiciarias, con base en las cuales, consideró que eran suficientes para tener probada la presunta responsabilidad de García Sepúlveda.
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Agrega que la autoridad electoral no se hizo cargo del hecho de que las transacciones por los aportantes y las empresas fueron actos de simulación que tuvieron como objetivo aparentar la transferencia de recursos de las personas físicas al partido a través de las personas morales.
Sobre este punto, refiere que el INE debió valorar si de las pruebas existían indicios suficientes y fuertes que permitieran acreditar que Samuel García, de manera directa o activa, fue quien simuló la triangulación de los recursos o tenía conocimiento de dicha estrategia con la finalidad de obtener un beneficio en su candidatura; pues lo que se tenía en relación con este ilícito fue que las personas morales, a través de interpósita persona, hicieron aportaciones para beneficiar a MC y que éste, a su vez, destinó parte de ellos a la candidatura de García Sepúlveda sin que así se hubiera solicitado.
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De acuerdo con la investigación del INE, Bertha Sepúlveda, madre del gobernador, entregó 11 millones 600 mil pesos al partido Movimiento Ciudadano; Catalina, la hermana, un millón 586 mil 500 pesos, y su hermano Roberto, 840 mil pesos.
No obstante, ninguno de ellos justificó ingresos para hacer tales aportaciones y, en cambio, recibieron recursos de otras instancias y empresas.