En la Cámara de Diputados, se presentó la segunda petición de integrantes del bloque mayoritario, encabezado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), para remover de la presidencia de la Comisión de Gobernación, al diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno.
La diputada morenista Andrea Chávez interpuso su demanda formal y por escrito, ante Junta de Coordinación Política.
La semana anterior, la diputada federal del Partido del Trabajo (PT) y presidenta de la Comisión de Vivienda del recinto, Lilia Aguilar, también pidió remover de la presidencia de la Comisión de Gobernación al señalado.
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Alito, impedido para encabezar trabajos parlamentarios
La legisladora argumentó que el también presidente del tricolor tiene conflictos de interés y está impedido de encabezar trabajos parlamentarios, al estar involucrado en investigaciones en su contra.
“Incurre en conflicto de interés al continuar ocupando tal cargo, a pesar de que actualmente existen investigaciones penales y administrativas en su contra, hechos que a su vez le imposibilitan su trabajo como presidente de dicha Comisión, pues no debería tener interlocución alguna con las autoridades que lo están investigando”, planteó.
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Pruebas contra Alito
El documento entregado en la Junta de Coordinación refiere que la Fiscalía General del estado de Campeche tiene abierta al menos una investigación contra el legislador priísta, por delitos de enriquecimiento ilícito.
También hace alusión a las conversaciones telefónicas privadas de Moreno Cárdenas, que han sido difundidas por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores y en las que, dijo la congresista, se involucra al priísta en “presuntas extorsiones a diferentes empresarios”.
Recordó que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha recibido cuatro denuncias contra el señalado, por presuntos delitos electorales, derivados de las comunicaciones anteriormente señaladas.
En consecuencia, indicó la diputada Chávez Treviño, el legislador priísta debería ser removido del cargo, con el fin de “facilitar el curso de las investigaciones en su contra, evitando que pudiera interferir u obstaculizar las mismas, con motivo del cargo que ocupa”.
Aseguró que si el congresista no es destituido como presidente de una Comisión ordinaria, la Cámara violentará su propio Código de ética y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Al permanecer en el puesto, insistió, no solo frena las indagatorias en su contra, sino que impide una conducción transparente y eficiente de la Comisión de Gobernación.
Persecución política, acusa PRI
En respuesta, la fracción del tricolor acusó que la persecución política contra Moreno Cárdenas, ha llegado al Palacio Legislativo.
En un comunicado, los priístas en San Lázaro calificaron como “irresponsable” la actitud y procedimientos del gobierno de Campeche, al considerar que viola el Estado de derecho, al ejercer persecución política contra su dirigente nacional y su familia.
Expresaron su condena por el “allanamiento ilegal” de una de sus propiedades en el estado de Campeche, a través de un operativo donde el uso de la fuerza y la participación directa del fiscal de la entidad, Renato Sales, fueron excesivos.
A la gobernadora Layda Sansores, la acusaron de abusar de sus funciones, al usar la fuerza pública y las instituciones de justicia locales para “realizar un montaje mediático” con fines de persecución política.
Violación al debido proceso, por venganza política
Al cerrar filas y expresar su respaldo a su compañero en la Cámara, señalaron que todos los elementos referidos confirman que las acciones legales en su contra son parte de una “venganza política”.
El gobierno de la entidad, advirtieron, ha violentado el derecho al debido proceso del diputado Moreno Cárdenas, no solo con el cateo realizado este lunes 4 de julio, sino con la serie de conversaciones telefónicas privadas que la gobernadora Sansores ha hecho públicas.
“El espionaje es una de las actividades más condenables, porque invade la intimidad y permite el uso manipulado y fuera de contexto de materiales ilegales”, intentaron defender.
Los diputados federales priístas afirmaron que denunciarán esos excesos y los que se sigan registrando, aunado a que respaldaron la determinación de dirigente del partido de acudir a instancias internacionales a denunciar los “atropellos” en su contra.
Incorrectas e indignas, “formas” del gobierno de Campeche contra Alito: Mier
En tanto, el coordinador parlamentario de Morena en la Cámara, Ignacio Mier, manifestó su desacuerdo con las “formas” empleadas por el gobierno de Campeche, a cargo de su compañera de partido, Layda Sansores, para realizar diligencias judiciales en el caso del dirigente priísta.
El congresista manifestó que fue “incorrecto” e incluso “indigno”, el modo en que se ejecutó este lunes 4 de julio el cateo a una de las propiedades del priísta en su entidad natal, aunque ese procedimiento haya sido justificado.
“Digamos que las formas no son las correctas, eso sí. Los procedimientos no, yo creo que no se pueden utilizar las instituciones de esa manera, de una manera injusta e indigna para nadie, para nadie, independientemente de si es político o no”, expresó.
Respecto a la decisión del referido, de acudir a las instancias internacionales para denunciar persecución política por parte de instituciones gubernamentales y judiciales, el líder de los morenistas en la Cámara señaló que está en su derecho.
No obstante, manifestó que el diputado Moreno debería hacer un análisis de conciencia y si es capaz de dormir tranquilo después de evaluar sus actos y los hechos de los que se le acusan, entonces encabezar su defensa con pleno convencimiento.