El Senado de la República debe acelerar el análisis de la reforma aprobada en la Cámara de Diputados para castigar los matrimonios forzados de niñas y la venta de menores de edad con fines de matrimonio, urgió la diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Eufrosina Cruz.
La legisladora promovente de los cambios al Código Penal Federal, recordó que el proyecto aprobado en San Lázaro por unanimidad, prevé sanciones penales severas a quienes fuercen a menores de edad a casarse o convivir en términos similares al matrimonio a menores de edad, en especial niñas.
También contempla medidas de protección para prevenir la práctica que se lleva a cabo en particular en algunas comunidades indígenas y regiones del país, y es aceptada al ser vista como parte de los “usos y costumbres”.
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Protección de menores de edad
La congresista exigió que los senadores de la República demuestren en los hechos que para el Legislativo la prioridad es proteger la integridad de la niñez mexicana.
Cruz Mendoza recalcó que al avanzar en la Cámara colegisladora, las medidas tendrán que ser replicadas en las entidades de la República, que deberán armonizar sus respectivos Códigos Penales, a fin de establecer que quienes inciten, obliguen e insten a menores al matrimonio infantil, serán castigados hasta con 18 años de cárcel.
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Refirió que de acuerdo a los censos de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, aplicados en 2010 y 2020, en el país se siguen practicando los matrimonios infantiles y la venta de menores con esos fines.
Hay más de un millón de casos de ese tipo, asociados a conductas como el intercambio de niñas y niños por bienes económicos, materiales o en especie como animales, por acuerdo entre los padres y quienes “compran” a los infantes por distintos intereses.
El número de embarazos no deseados en niñas y adolescentes en el país, agregó, es otro elemento que confirma la existencia del delito, remarcó.
Las entidades donde más se registra la problemática, indicó, también son las que presentan mayores índices de pobreza y pobreza extrema, marginación, falta de oportunidades y desigualdad, como Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán