De acuerdo al Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual cometida contra Mujeres Privadas de la Libertad, 7 de cada 10 mujeres privadas de la libertad fue víctima de tortura, tratos crueles o degradantes que incluyeron patadas, manoseos, golpes en senos, glúteos o genitales y violación y los estados con mayor número de denuncias son Estado de México, Veracruz, Guerrero, Nuevo León y Chihuahua.
En el evento encabezado por el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, en el que se presentó este diagnóstico, se dio a conocer que al menos tres de cada 10 mujeres detenidas dijeron haber sido víctimas de tortura sexual; el 68% de las víctimas tenía entre 20 y 39 años; el 95% estaban ocupadas previo a su detención en tareas del hogar y/o estudiando; 73% eran jefas de familia; el 84% tienen hijos, 12% eran mujeres indígenas.
Al analizar la incidencia en la comisión de estos delitos, se determinó que los policías de investigación son los que más lo cometen en un 40%; le siguen los elementos municipales en 20% y estatales 16%; los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina fueron ubicados como responsables en 13% de los casos.
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El Subsecretario apuntó que este Diagnóstico reconoce este delito en el país, el cual no ha sido posible erradicar. Hasta la elaboración del documento en noviembre del 2021, el registro era de 12 mil 625 mujeres privadas de su libertad en 21 centros femeniles y 124 cárceles mixtas; de estas mil 280 participaron en entrevistas y las fiscalidad estatales otorgaron información, las comisiones estatales y nacional de derechos humanos, las comisiones de atención a víctimas y el Instituto Nacional de Migración.
Este diagnóstico fue elaborado como resultado de los hechos ocurridos en mayo del 2005, cuando al menos 11 mujeres detenidas en un operativo policiaco en San Salvador Atenco, fueron víctimas de tortura sexual.
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En este evento estuvieron presentes Barbara Italia Méndez, Norma Jiménez Osorio, sobrevivientes de estos hechos en Atenco y derivado de ello se emitieron 31 recomendaciones a 10 instituciones públicas que deben ser atendidas como una sentencia de la Corte y las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR) deberán emprender acciones penales contra los servidores públicos que haya cometido éstos delitos, entre otras.