El decreto 40 emitido por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, con el que se busca sancionar “a quien por cualquier medio audiograbe, comercialice, comparta, difunda, distribuya, entregue, exponga, envíe, filme, fotografíe, intercambie, oferte, publique, imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o parte de ellos que se encuentren relacionados con una investigación penal” fue considerado como un riesgo a la libertad de expresión, derecho a la información y otros.
Organizaciones como Propuesta Cívica, Reporteros Sin Fronteras, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) y ARTICLE 19 expresaron su rechazo a este decreto que adiciona al artículo 167 del Código Penal de Sonora el Artículo 167 Quater que pretende imponer penas de cuatro a diez años de prisión y multa económica a quienes violen esta disposición.
Las conductas que castiga este decreto son tantas, que podría generar interpretaciones subjetivas y restrictivas, así como una aplicación discrecional y arbitraria de la misma, en detrimento del ejercicio periodístico, la libertad de expresión y el derecho a informar.
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Los conceptos que utiliza son tan abiertos como “compartir”, “enviar”, o “difundir” que ponen no sólo a integrantes de la prensa en riesgo de ser injustamente procesados y penalizados, sino incluso a cualquier persona que utilice redes sociales y comparta las mismas noticias o imágenes que reciban.
Este decreto criminaliza las actividades enmarcadas dentro del derecho a informar y el acceso a la información, tal como la toma de fotografías, el envío de estas, o inclusive la descripción de los hechos o circunstancias de la muerte de las víctimas.
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Propuesta Cívica, Reporteros Sin Fronteras, el CPJ y ARTICLE 19 llamaron al Congreso de Sonora a derogar esta adición por contravenir estándares internacionales; al gobernador Alfonso Durazo a omitir impulsar otras leyes o decretos que puedan resultar nocivas a los derechos de las y los sonorenses, con énfasis en la protección de la labor periodística, la libertad de expresión y el derecho a la información.