La ministra Yasmín Esquivel Mossa le otorgó una nueva suspensión a la Fiscalía General de la República (FGR) contra las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con las que le ordena entregarle al Instituto Nacional Electoral (INE) copias de las carpetas de investigación que inició por la comisión de delitos electorales.
La juzgadora otorgó la medida cautelar a la FGR desde el pasado 27 de mayo de este año, con la cual frenó la entrega de información al INE de la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-BC/0000170/2019, que se inició en contra de Movimiento Ciudadano (MC) por irregularidades financieras registradas en Baja California en el 2016.
Una Ministra de la Suprema Corte de Justicia suspendió hoy la orden de entregar al INE los datos de una carpeta de investigación en curso desde 2019, por presuntas irregularidades en manejos financieros de MC en Baja California, durante 2016.
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Al igual que sucedió con la suspensión por el caso de Pio López Obrador, Esquivel Mossa argumentó que ni el INE, ni el TEPJF cuentan con atribuciones constitucionales para solicitar a la FGR entregar información de una carpeta de investigación, toda vez que los registros son estrictamente reservados, y sólo pueden acceder a ellos la víctima, el ofendido, el imputado y su defensor.
El 1 de marzo de este año, la Unidad Técnica de Fiscalización le solicitó a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL) información y copia certificada de la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-BC/0000170/2019, porque consideraba que resultaba necesaria para esclarecer los hechos objeto del procedimiento administrativo sancionador electoral con la clave INE/P-COF-UTF/188/2017/BC.
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El INE justificó su petición al argumentar que derivado de la revisión del informe anual de ingresos y egresos correspondiente al ejercicio 2016, presentado por MC, se encontraron irregularidades que pueden constituir hechos presumiblemente violatorios de la normatividad electoral en materia de ingresos y gastos.
En respuesta, mediante oficio FEDEA-EIL-II-030/2022, de 9 de marzo de 2022, la fiscal de la federación adscrita al Equipo de Investigación y Litigación A-II de la FISEL, determinó que no era posible entregar la información ante la imposibilidad de superar el secreto ministerial que rige la materia penal.