La Secretaría de Gobernación confirmó que a María Elena Ríos, saxofonista que fue víctima de un ataque con ácido, se le retiraron de manera parcial algunas medidas de protección y el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas decidió centrarse solo en el estado de Oaxaca.
Luego de que la saxofonista acudiera a Palacio Nacional a pedir ser atendida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ante la posibilidad de que su agresor el ex diputado del PRI Juan “N” sea liberado mediante un amparo, advirtió que ella y su familia se encuentran en riesgo.
Al respecto la Subsecretaria de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, explicó que luego de una reevaluación de su situación de riesgo, la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección, en el mes de marzo de este año decidió por unanimidad concentrar las medidas de protección en el estado de Oaxaca al tomar en cuenta las particularidades de su caso.
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“La definición de cada uno de los casos no recae en una sola persona o institución, ya que la Junta de Gobierno es un ente colegiado integrado por las Secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de Relaciones Exteriores (SRE), la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Consejo Ciudadano -integrado por personas defensoras de derechos humanos y periodistas-“, quienes decidieron sobre el caso.
Aseguró que María Elena Ríos fue informada sobre su derecho a recurrir a dicha decisión, lo cual ejerció y el día 27 de mayo de 2022, una vez reevaluada su situación de riesgo, la Junta de Gobierno confirmó la decisión por mayoría que el esquema de protección con el que cuenta tenga su implementación en el estado de Oaxaca y no en la Ciudad de México.
En este caso, los análisis de riesgo realizados y servicios de protección otorgados en el caso de la beneficiaria María Elena Ríos, se circunscriben al riesgo que ella tiene como defensora de derechos humanos y no a su situación como víctima del delito, la cual tiene que ser valorada por las autoridades de procuración y administración de justicia estatales en el ámbito de sus competencias, para así determinar lo conducente, concluyó.