La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sancionó con 28 mil pesos al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, por el acarreo de votantes que realizó el día de la jornada de revocación de mandato, mientras que la multa para el partido fue de 48 mil 110 pesos.
Por unanimidad, los magistrados determinaron que Delgado Carillo y el instituto político violaron las reglas de promoción y difusión de la revocación de mandato, ya que la participación de los partidos políticos no tiene cabida en dicho ejercicio, además de que tienen prohibido promover la participación de los ciudadanos.
Asimismo, la Sala Especializada determinó que los gobernadores de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Tlaxcala, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Zacatecas, así como la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, violaron las reglas del proceso de revocación de mandato al difundir propaganda gubernamental con el desplegado que publicaron en redes sociales para responder a los señalamientos hechos por el Parlamento Europeo.
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En su proyecto de resolución, el magistrado Luis Espíndola proponía declarar inexistente la infracción, toda vez que la difusión del desplegado se encuentra amparada en la libertad de expresión.
“Este desplegado no representa la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido porque su finalidad es distinta a la de difundir logros o acciones de gobierno. Desde la perspectiva de mi ponencia, es un ejercicio amparado en la libertad de expresión sin incidencia en la revocación de mandato”.
No obstante, al hablar en contra, la magistrada Gabriela Villafuerte argumentó que el desplegado sí transgrede las reglas de la revocación de mandato.
“El desplegado tiene matices de propaganda gubernamental, además tiene esta parte que tiene que calificarse como no oportuna en la época de revocación. Las gobernadoras y gobernadores hacen promoción personalizada del protagonista de la revocación de mandato, hemos dicho que esto es indebido”.
La Sala Especializada ordenó dar vista a los Congresos estatales para que determinen lo conducente respecto a los hechos en los que se vieron involucrados los mandatarios.