La Cámara de Diputados recibió y publicó en la Gaceta Parlamentaria, la iniciativa del Presidente de la República en materia electoral.
El documento entregado en la Dirección General de Proceso Legislativo del recinto, a las 15:30 horas de este jueves 28 de abril, fue turnado por la Mesa Directiva para dictamen, a las comisiones de Puntos Constitucionales y Reforma Política.
Previo a la notificación formal sobre la recepción del proyecto, las bancadas de oposición advirtieron que no respaldarán ninguna moción que afecte a las autoridades electorales ni los avances en materia democrática en el país.
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Objetivos de la reforma electoral
La iniciativa de reforma a 18 artículos de la Constitución tiene por objetivos dar al país un sistema electoral que brinde seguridad, respeto al voto, honradez y legalidad.
Contar con autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales “honestas” e imparciales que no se sumen “a la lucha por el poder”.
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Prevé garantizar libertad política “sin censura”.
Generar un ambiente nacional donde partidos y candidaturas independientes tengan garantía de libre participación.
Transformación del INE y el Tribunal Electoral
Dar paso a “un solo mecanismo electoral nacional” con instituciones administrativas y judiciales únicas y que cumplan los principios de austeridad en el gasto.
Seleccionar por voto secreto, directo y universal a los consejeros y magistrados electorales, a través de la postulación de candidaturas “a cargo” de los poderes de la Unión.
Recorte a las Cámaras de Diputados y Senadores
Elegir a los integrantes de la Cámara de Diputados y el Senado por votación en cada estado, a través de listas formuladas por los partidos y candidaturas independientes. Ello, con el fin de hacer más plural el sistema político.
Eliminar 200 diputaciones federales y 32 senadurías, para reducir a 300 el número de integrantes en San Lázaro y a 96 en la sede senatorial.
Modificar el modo de elección de integrantes de Congresos locales y ayuntamientos, a través de listas postuladas en una sola demarcación que abarque en su totalidad los estados y municipios.
Plantea limitar el financiamiento a partidos políticos, para que cuenten con recursos públicos solo en temporadas electorales; así como regular las aportaciones de las personas a esos entes políticos.