Un juez de control vinculó a proceso a ocho servidores y ex servidores públicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), quienes probablemente hicieron un pago de manera ilícita, afectando el patrimonio y los intereses del organismo.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), el monto de la transacción con recursos públicos asciende a más de 830 millones de pesos, luego de que una empresa presentó a pago facturas que ya habían sido liquidadas, por lo que los ahora imputados no defendieron adecuadamente los intereses de la Institución y probablemente hicieron un pago doble.
Por lo anterior, el juzgador vinculó a Juan Carlos Larrieu Creel, Sebastián López Herrera, Juan Daniel Álvarez Santillán y Javier Mejía Estañol, por la probable comisión del delito de ejercicio indebido de servicio público.
Asimismo, se vinculó a José Febo Trujeque Ramírez, Marx Yazalde Ortiz Correa, Sandy Toledo Sánchez e Irma Merlos Merlos, por uso ilícito de atribuciones y facultades, bajo la hipótesis cuando el servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, haga un pago ilegal.
El impartidor de justicia les impuso como medidas cautelares: la presentación mensual y la prohibición de salir del país sin autorización judicial y dio un plazo de tres meses para la investigación complementaria.